Alquileres en Ibiza: «La actividad ilegal es masiva»

«Un hito en la regulación del sector». Así es como el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Balears, José Miguel Artieda, califica la inclusión de un registro de profesionales del sector en la Ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobada el pasado 3 de mayo de 2024, tal como se indica en su disposición adicional decimocuarta. «Aún no me lo creo. Estoy expectante por ver cómo desaparecen los piratas», señaló ayer durante la celebración en un hotel de Platja d’en Bossa de una nueva Jornada Inmobiliaria, organizada por los API de esta Comunitat Autònoma. Artieda pidió en ese encuentro al Govern que se permita a estos profesionales, que llevan lustros denunciando el intrusismo que padece su sector, «ser proactivos en las denuncias de las actividades ilegales y clandestinas».

Opinión Para empezarCristina Martín Vega

Poblados de chabolas en la Ibiza del lujo

Oyó ese requerimiento el director general balear de Vivienda, José Francisco Reynés, que abrió la jornada desgranando esa legislación sobre vivienda y, concretamente, cómo afecta a los API. Ahora se abre un periodo «de transición de seis meses» para que se registren. Hasta entonces, cualquiera puede hacerlo mediante una declaración responsable. Pero ojo, no podrá hacerlo cualquiera, pues sólo hay tres vías para ejercer como agente de la propiedad inmobiliaria: o bien tener titulación universitaria en ciencias sociales, arquitectura, jurídicas o ingeniería; o bien contar con una formación de 200 horas activas en materia inmobiliaria, o bien demostrar (mediante el informe de la vida laboral) una experiencia de al menos cuatro años en el sector.

La inclusión del registro es, según Reynés, una demanda histórica de los API: «Se inicia ahora un camino al que todos nos debemos adaptar, tanto vosotros [en referencia a esos profesionales] como nosotros [el Govern]. Para nosotros es un esfuerzo importante de recursos y personal para montar el registro y crear la documentación correspondiente».

Artieda recordó que en 1948 nació la figura del API y que en 1969 se crearon sus colegios. Pero en el año 2000, un decreto de medidas urgentes de liberación del sector inmobiliario acabó con la obligatoriedad de tener el título para ejercer esa profesión. «Se hizo para fomentar la competitividad y para estabilizar los precios del sector. Se ha comprobado que nos pasamos de frenada», según Artieda, quien apuntó que, si bien nuestra Comunitat ya lo ha regulado, «sería importante que hubiera un marco legal estatal».

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Requisitos para los API

Entre los requisitos que deberán tener los agentes inmobiliarios figura disponer de un establecimiento abierto al público en el territorio balear, salvo que se presten los servicios a distancia por vía electrónica o telemática. En este último caso, deberán contar con una dirección postal accesible en el territorio balear. También deberán incorporar su distintivo y número de inscripción en toda la publicidad de sus actividades. Otro de los aspectos importantes incluidos en la legislación es que los API no deben tener antecedentes penales por delitos cometidos en el ejercicio de la actividad inmobiliaria.

El objetivo, subrayó Reynés, es «combatir la actividad clandestina, el intrusismo y la competencia desleal»

El objetivo, subrayó Reynés, es «combatir la actividad clandestina, el intrusismo y la competencia desleal», que haya «gente sin formación, sin conocimientos, que tienen el propósito de lucrarse a costa de un desinformado propietario, una víctima el futuro comprador». Fruto de esas prácticas, aseguró, «hay multitud de demandas por estafas y malas praxis luego en los juzgados» baleares. El director general de Vivienda explicó a este diario que en Ibiza «hay una actividad ilegal masiva que se ofrece en los portales web». Los API de la isla calculan que de las casi 500 inmobilarias que operan en Internet, sólo el 10% son legales. Desde su departamento, Reynés dice que se han despachado casos «muy graves» relacionados con viviendas de protección oficial e infraviviendas. Reynés detalló que el servicio de inspecciones del departamento que dirige se encuentra habitualmente «anuncios de VPO que se alquilan o se venden por encima del precio marcado por la ley. Ya es una infracción publicitarla, más grave si se lleva finalmente a cabo».

Chabolismo al lado del lujo

Quienes ayer acudieron a la jornada y tuvieron que aparcar su vehículo en el estacionamiento de tierra anexo, pudieron comprobar que hasta allí mismo, justo a las puertas de un hotel de lujo, se extiende la mancha del problema de la vivienda en la isla. Allí hay una docena de autocaravanas, furgonetas acondicionadas para (mal) vivir e incluso una chabola construida con cartones y parasoles de playa emboscada entre los arbustos. De este asunto habló, precisamente, Naihara Cardona, abogada, mediadora y ex responsable de la dirección insular de Lucha contra el Intrusismo, que abordó las diferencias y casuísticas de los alquileres. ¿Por qué tenemos este problema con los alquileres, por qué hay precios tan altos, cuál es la causa?, se preguntó: «Primero, que existen tres demandas vinculadas a la vivienda: la del alquiler residencial, la de temporada y la turística», lo cual «genera un desequilibrio que hace que los precios sean inasequibles».

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Además, Cardona asegura que hay otro factor que influye: «Para poner en alquiler una casa hay que construirla, pero los precios de los materiales se han disparado. Cuesta más dinero construir y más comprarlo, y por eso tienen que alquilar las casas más caras». No cree que las medidas restrictivas de limitación de precios del alquiler sean la solución: «En Berlín y París lo hicieron y bajó la oferta de pisos en alquiler».

También habló de organizaciones criminales que okupan pisos o que alquilan pero no pagan el alquiler y se dedican a alquilar el inmueble turísticamente. Es gente que saca réditos de un piso que no es el suyo». Pero la justicia es lenta y los únicos que salen favorecidos son los delincuentes y «los servicios que ofrecen personal de control de accesos. Algo está fallando».

Contratos temporales

También trató el problema del alquiler temporal, por ejemplo de esos contratos que abarcan de octubre a mayo: «Hace muchos años que digo que, en esas circunstancias, cuando les digan que se tienen que ir en mayo, que vengan a verme. Pero sólo dos me hicieron caso. El resto se fueron. Pero esos dos siguen viviendo en esas casas». «Atrinchérate allí y no te vayas», les aconseja. Contó un caso: «Era una mujer que tenía contrato de octubre a mayo. Era marzo y no sabía qué hacer. ¿Trabajas, tienes hijos, van al cole?, le pregunté. Dijo sí a todo. Pues eso es residencia habitual, no te vayas de la casa. Había turistas con reservas para esa vivienda. El propietario ya les había cobrado y no quería devolverles el dinero. Para amedrentarla, le aporreaba la puerta…». Pero ella no se fue y el propietario «acabó en el juzgado de lo Penal por coacciones».

«Las cosas no son lo que dicen que son, son lo que son. Si se vive allí, da igual que el contrato diga que es para uso distinto de vivienda. Ponga el contrato lo que ponga, es vivienda»

Porque, insistió, «las cosas no son lo que dicen que son, son lo que son. Si se vive allí, da igual que el contrato diga que es para uso distinto de vivienda. Ponga el contrato lo que ponga, es vivienda». El problema para combatir esta lacra, afirma, «no es legal; el problema es que no queremos meternos en jaleos». n

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