El albergue ilegal de la ciudad de Ibiza lleva alrededor de un año funcionando

Casi un año hace que el supermercado situado en el bajo de un edificio residencial en el número 59 de la calle Aragón de Vila opera como una especie de albergue ilegal en el que viven alrededor de 20 personas y en el que se alquilan habitáculos diminutos.

«Desde entonces, se lo han tomado con calma», considera la portavoz de la comunidad de vecinos en referencia al Ayuntamiento de Ibiza. Hace ya varios meses que los vecinos se percataron de que en este local, demasiado concurrido para estar cerrado, se estaba desarrollando algún tipo de actividad «extraña y anómala», y dieron parte a la Policía Local.

«El salir y entrar era frecuente, incluso por las noches», describe la representante de la comunidad, «sobre todo, a algunos vecinos les llamó la atención un día que llegó una familia, de origen latino, bastante numerosa».

Fue en ese momento cuando se fijaron y comprobaron que el trasiego en el supermercado, sin ningún tipo de actividad comercial en marcha, era constante y decidieron recurrir al cuerpo policial de Vila. También pusieron la situación en conocimiento del dueño de la propiedad, que no tenía constancia de lo que se estaba llevando a cabo en el interior del negocio.

Unas 20 personas viven en una infravivienda en un supermercado de Ibiza

Sin embargo, en la comunidad no disponen de más datos. «No sabemos quién es el arrendatario ni qué tipo de contrato tiene ni nada, especifica la portavoz del edificio, «normalmente solo se tiene [en la comunidad] información sobre el propietario», puntualiza.

Según uno de los antiguos inquilinos de esta infravivienda, la persona que se encargaba de cobrarle a él el alquiler era un hombre de origen rumano al que le pagaba un total de 400 euros cada mes. El mismo inquilino señala, además, que las condiciones allí dentro eran «un sinvivir», con una higiene muy deficiente y espacios reducidos habilitados con palés y colchones.

Por otro lado, a partir del dispositivo de vigilancia puesto en marcha por el Consell Insular en conjunto con la Policía Local de Vila y con la colaboración de la Policía Nacional, se consiguió identificar a dos personas que «hacían de gancho comercializando la vivienda», según explicó en su momento a este diario el conseller insular de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan.

«Mala publicidad»

Los datos se remitieron al Ayuntamiento de Ibiza, que ya tenía diligencias urbanísticas abiertas sobre esta cuestión -como detalló Juan- y resultó que desde el Consistorio habían identificado a una tercera persona que ofrecía alojamiento en el colmado.

Los dueños y trabajadores de negocios cercanos aseguran que la operatividad del lugar como albergue ilegal supone una «mala publicidad» para la zona que afecta a los establecimientos de alrededor. Aunque uno de los comerciantes señala que la gente que habita actualmente en el interior -que va cambiando continuamente- son «la mayoría trabajadores muy silenciosos» que se marchan por la mañana y vuelven por la tarde noche. «Es una especie de hostal», especula este hombre.

Por otro lado, desde la comunidad de vecinos señalan que «ya han hecho todo lo posible, que ha sido ponerlo en conocimiento de quien debe actuar, que son las autoridades». «A partir de aquí, no se puede hacer más», indica la representante vecinal. Solo podrían actuar con una orden judicial y para comprobar que se hayan hecho obras que afecten de algún modo al edificio.

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Desde la comunidad añaden que no pueden denunciar por dos motivos: primero, porque no tiene «a quién» denunciar, puesto que no tiene datos personales del inquilino y segundo, porque no tiene «qué» denunciar, debido a que no se conoce exactamente cuál es la actividad desarrollada en el interior del local.

La portavoz considera que ahora es el propietario o propietaria quien puede tomar «algún tipo de medidas si así lo considera». En cuanto a la Policía Local, a quien solicitaron el acta de intervención sin obtener ningún tipo de respuesta, esperan que se encargue de «vigilar qué tipo de licencia tiene el local y cuál lleva a cabo».

El Ayuntamiento de Ibiza solicitó por su parte una autorización judicial para acceder al interior del comercio, según informó hace apenas unos días a Diario de Ibiza. Por el momento, el Consistorio está a la espera de la resolución judicial que les permita o les deniegue el registro y poder determinar el tipo de infracción cometida. En caso de tratarse de una infracción urbanística, sería competencia del Ayuntamiento, mientras que si consiste en una infracción en tema de vivienda, sería el Govern el que debería actuar al respecto, especificó el conseller insular.

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