La Audiencia señala para enero la vista previa del juicio del caso del chiringuito de Cala Gració

La Audiencia Provincial ha señalado para el 15 de enero de 2025 la vista previa del juicio contra el exalcalde de Sant Antoni José Tur Cires y la concejala del grupo socialista Cristina Ribas por la supuesta comisión de un delito de prevaricación por impedir la apertura de un chiringuito desmontable en Cala Gració que había sido autorizado por la Demarcación de Costas y el propio Ayuntamiento. Este acto previo al juicio se convoca para explorar si es posible un acuerdo entre las partes. Si no lo hay, luego, el tribunal fijará ya una fecha para la vista oral. Hay que tener en cuenta que, la jueza instructora decretó la apertura de juicio oral hace algo más de dos años.

La acusación particular, que ejerce la promotora del chiringuito, pide una pena de 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público para los dos acusados. En cambio, la Fiscalía, que se oponía incluso a la apertura de juicio oral, no ha presentado escrito de acusación.

Sant Antoni rechaza indemnizar con 1,2 millones al promotor del chiringuito de Cala Gració

Críticas de ecologistas y vecinos

Los hechos se remontan a abril de 2018, cuando Costas autorizó, con el visto bueno de la junta de gobierno de Sant Antoni, la instalación de un chiringuito desmontable, en primera línea de costa de Cala Gració, con 11 mesas y 32 sillas. Sin embargo, ante el revuelo que causó este negocio de temporada, en una zona virgen de la costa, con críticas de colectivos ecologistas y vecinales, el equipo de gobierno de centro izquierda decidió dar marcha atrás e impidió la apertura del chiringuito. La que entonces era concejala de Urbanismo, Cristina Ribas, justificó la nueva posición del Ayuntamiento en que se había detectado «algún fallo en la tramitación».

Sant Antoni rechaza pagar 1,2 millones de indemnización

El Consistorio bloqueó la puesta en marcha del chiringuito al demorar la concesión del final de la obra después de detectar ciertas irregularidades en su tramitación. Precisamente, la actual junta de gobierno, del PP, ha rechazado, con el apoyo de un dictamen favorable del Consell Consultiu, la reclamación de responsabilidad patrimonial por valor de 1,2 millones presentada por la promotora.

El máximo órgano de consulta jurídica de la Comunitat Autònoma concluye que la medida que adoptó el Consistorio, al dar marcha atrás e impedir la apertura del chiringuito, fue «razonable» porque la zona donde se instaló es «un espacio especialmente protegido según el planeamiento municipal». Además, señala que el proyecto presentado por el promotor presentaba «inexactitudes y omisiones», lo cual impidió evaluar «los posibles impactos» del negocio de verano sobre un terreno que «necesariamente debía ser preservado».

Otra cuestión que tiene en cuenta son los informes contradictorios entre los técnicos municipales. La arquitecta municipal señaló que el expediente no estaba completo porque no estaba el título habilitante para la instalación y ejecución de las obras, mientras que el secretario municipal firmó otro informe que concluía que se habían cumplido todos los trámites y que no había ninguna razón para defender la nulidad de las actuaciones.

Informes externos

Ante esta divergencia, el equipo de gobierno encargó dos informes externos que apuntaban que, al ser un suelo no urbanizable con la categoría de paisaje preservado que no se puede transformar, salvo por razones de interés general, se imponía declarar «la nulidad de pleno derecho de la autorización».

Motivos suficientes para revocar el permiso

El Consell Consultiu señala, además, que la promotora era «plenamente consciente de las deficiencias» del proyecto y de «las discrepancias» entre el que entregó en Costas y el que presentó en el Ayuntamiento, así como de «sus omisiones». La estructura sobre la que se asentaba el chiringuito, necesaria al ser un sustrato rocoso, no aparecía en el proyecto. «No dio los pasos necesarios para enmendarlo o regularizarlo. En vez de ello, se limitó a pedir el certificado de final de obra como si estas deficiencias no se hubieran detectado previamente», destaca el Consultiu, que considera que había «motivos suficientes para revocar el permiso».

La querella de la promotora se dirigía también contra dos técnicas municipales, pero la jueza instructora sólo abrió juicio oral contra los dos políticos al considera que sus informes eran ajustados a derecho. Por ello, la defensa de Tur y Ribas considera que la acusación contra ambos no se sostiene porque ambos actuaron en función de dichos informes.

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