La Guardia Civil afirma que la compra de las mascarillas fue «preconcedida»

La Guardia Civil que ha investigado el llamado caso Koldo afirma que la compra de las mascarillas, por la que el Govern de Armengol gastó 3,7 millones de euros, fue «preconcedida» de antemano, es decir, fue una adjudicación directa y sin previo contrato.

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El atestado que entregó la Guardia Civil al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno relata una serie de irregularidades que se habrían producido durante la tramitación del contrato de compra y el abono de la factura. Por ejemplo, el material sanitario llegó a Palma antes de que se formalizara el contrato y se aprobara su tramitación a través del procedimiento de emergencias, que fue una fórmula administrativa que se utilizó durante la pandemia.

El agente se presentó en la oficina del IB-Salut el día 19 de julio del año 2022. Doce días antes la administración sanitaria ya había recibido un oficio oficial en el que se le requería para que aportara toda la documentación relativa al acuerdo comercial entre el Servei balear de Salut y la empresa Soluciones y Apoyo a Empresas, vinculada al asesor del ministro Ábalos, para el suministro de mascarillas FFP2 por un importe de 3,7 millones de euros. A este primer contrato, se añadió un segundo por valor de 56.715 euros por el pago de la gestión de los trámites aduaneros con una empresa también vinculada con la trama de Koldo. Ese día 19 de julio del año 2022 el investigador se presentó en persona en la oficina de la calle Reina Esclaramunda, sede del IB-Salut. Fue recibido por Manuel Palomino, que en esa fecha era el director de gestión y presupuesto del Servei de Salut y que más tarde ocuparía el cargo de director general. Al agente se le entregó una copia del archivo digital, donde se incluían todos los documentos recogidos en el expediente administrativo de esta contratación.

Sin embargo, en el lote de documentos entregados, y así lo destaca el atestado policial, no aparece ningún contrato escrito, ni previo ni posterior, que detallara las condiciones del acuerdo entre el Govern y la empresa de Koldo. Y tampoco se detalla la identidad de los responsables de la Administración que negociaron los pormenores de esta contratación.

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Las polémicas mascarillas que después fueron rechazadas llegaron a Palma el día 27 de abril del año 2020 y fueron entregadas al Govern. Sin embargo, en esa fecha, aún no se había iniciado el procedimiento de contratación, ya que no aparece en el expediente ningún contrato escrito en el que se especificara el encargo del material que se compraba, ni la entrega, ni el método de pago. Y es que no fue hasta dos días después de la recepción de la mercancía, es decir, el día 29 de abril, cuando el entonces subdirector de compras y logística del Servicio de Salud, Antonio Mascaró, solicita formalmente al órgano de contratación, a través de la fórmula administrativa de emergencia, la autorización para formalizar dicha compra.

Juli Fuster

Esta petición de Mascaró llegó a la mesa del entonces director general, Juli Fuster, el día 4 de mayo, es decir, una semana después de que el material sanitario ya hubiera llegado a Palma. Fuster, según especifica el atestado policial, firma y autoriza el método de contratación. La formalización formal del encargo se firma cuatro días más tarde.

IB-Salut, según el atestado, recurrió a este sistema urgente de contratación antes de que este método fuera acordado por el Gobierno central. Sin embargo, el servicio sanitario balear disponía en esos momentos de una protección legal ya que el Govern sí había acordado semanas antes que todos los contratos relacionados con la protección frente a la pandemia se podían tramitar a través del procedimiento de emergencia.

El informe de la Guardia Civil incide en su informe al juez que otra grave irregularidad detectada es que «no se ha localizado documentación sobre la formalización del contrato», pese a que la ley de contratación es clara y exige que se detalle en un documento oficial la identificación de las partes, la definición del objeto del contrato y las condiciones de la recepción del material que se compra.

En este caso, además, ni siquiera aparece un solo escrito que mencione en qué momento se realizó el primer contacto entre el Govern de Armengol y la empresa de la trama, ni cuál fue el encargo concreto que se realizó para adquirir este material sanitario. Lo cierto es que la Guardia Civil no ha podido identificar, al menos hasta ahora, a la persona, o personas, que negociaron en nombre del Govern balear con el responsable de la empresa y quien estableció las condiciones de la compra y del precio a pagar. Tampoco se especifica qué tipo de material sanitario concreto es el que precisaba adquirir en ese momento el Govern. «Se desconoce de qué manera y qué personas físicas son las que gestaron los acuerdos en referencia a cantidades de mascarillas a suministrar e importe a abonar por las mismas», señala el autor del informe, que interpreta además que «el hecho de ejecutarse la prestación del servicio antes de la formalización del mismo es indiciario de que la adjudicación estaría preconcedida, cosa que no estaría permitida en la contratación pública, ni siquiera en la tramitación de emergencia», concluye el atestado oficial de los investigadores.

El atestado de la Benemérita no entra a analizar las gestiones que se realizaron con la trama de Koldo para recuperar el dinero, después de que las mascarillas fueran rechazadas.

Fuster: «Seguramente (Palomino) sí me informó de la visita de la Guardia Civil, pero no lo recuerdo»

Patricia Gómez: «La orden era quedarnos con todo el material sanitario por lo que pudiera pasar»

Juli Fuster, exdirector general del Servei de Salut cuando la Guardia Civil acudió a las dependencias de Reina Esclaramunda para recabar información sobre la compra de mascarillas del caso Koldo, el 19 de julio de 2022, admite que probablemente su subalterno por entonces, el director de gestión económica del IB-Salut, Manuel Palomino, le informó de esa diligencia, pero que no lo recuerda.

«Seguramente sí lo hizo (que Palomino le informara de la visita judicial), pero ten en cuenta que la Guardia Civil nos preguntaba cosas sobre el Servei de Salut muy a menudo, no nos llama especialmente la atención. Son investigaciones que ellos hacen y nos limitamos a facilitarles la información que nos reclaman. No, no tengo recuerdo de que me informaran (sobre esta diligencia)», reitera el ex alto cargo.

«En aquel momento nuestra obsesión era conseguir mascarillas, no era otra. Nuestros profesionales las necesitaban, nuestros stocks iban bajando a un ritmo vertiginoso y los proveedores habituales no nos suministraban», recuerda. También niega presión de ningún tipo que explicara el tiempo transcurrido desde la recepción de las mascarillas (mayo de 2020) y el inicio de los trámites para devolverlas a la empresa (marzo de 2023).

Sobre la posibilidad de que hubieran recibido presiones para «proteger a alguien de fuera», Fuster lo niega. «Yo, en absoluto, ninguna». Por su parte, la exconsellera de Salud, Patricia Gómez, justifica la tardanza en iniciar la reclamación en que en esos momentos «la orden era la de no devolver nada, quedarnos con todo el material de protección posible porque no sabíamos qué iba a pasar. Al final, se trata de tomar decisiones», concluye.

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