Subsuelos pide 15 millones de indemnización a los imputados del PP de Sant Antoni por el caso del ‘parking'

La defensa legal de Subsuelos Urbanos, la antigua concesionaria del aparcamiento subterráneo de pago de Sant Antoni, pide en la causa judicial una pena para los imputados del PP de diez años de inhabilitación y una multa de 4.500 euros por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación y malversación impropia. En concreto, tal como adelantó Radio Ibiza, la acusación particular pide nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público para los investigados por el delito de prevaricación y un año más de inhabilitación y la multa de 4.500 euros por el de malversación. También reclama a todos ellos el pago de una indemnización de 15,1 millones de euros al permitir el funcionamiento de los aparcamientos disuasorios ilegales del núcleo urbano de Sant Antoni, que ejercen «una competencia desleal» sobre el único de pago.

Las personas que figuran como investigadas en esta causa son los exalcaldes del PP José Sala y Pepita Gutiérrez y los exconcejales del mismo partido Vicent Ribas, José Torres, Joan Pantaleoni, Pepa Costa y Vicent Costa. De todos ellos, actualmente ocupan un cargo público Pepa Costa, que es directora insular de Recursos Humanos del Consell Insular; José Torres, coordinador del área de Urbanismo de Sant Antoni, y Pepita Gutiérrez, que acaba de ser nombrada representante de Ibiza en el Consell Econòmic i Social de Balears. Aparte, el exalcalde José Sala es el presidente de la junta local del PP de Sant Antoni.

La Fiscalía aún no se ha pronunciado sobre si presenta o no escrito de acusación, paso previo a que el juez instructor decrete la apertura de juicio oral. La defensa de los investigados recurrió, pendiente aún de resolución, el auto de transformación del proceso a procedimiento abreviado tras la finalización de la instrucción. Hay que tener en cuenta que esta causa se remonta a finales de 2014, cerca ya de una década, cuando Subsuelos Urbanos presentó una querella inicial contra la que entonces era alcaldesa Pepita Gutiérrez y dos miembros de su gobierno: Vicent Ribas y José Torres. Luego, la causa se amplió al resto de investigados.

La querella de Subsuelos Urbanos se basa en que el Ayuntamiento hizo caso omiso a sus requerimientos para que ordenara el cierre de los aparcamientos disuasorios ilegales, como el de ses Variades y cesara, además, de publicitarlos. Denunciaba, además, que para compensar el uso público de los terrenos (privados) como aparcamiento, el Consistorio eximía a sus titulares del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

El Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza decretó el archivo de la causa en octubre de 2017, después del fallecimiento del querellante, Pedro Espigares, y de que ninguno de sus herederos se hubiera interesado en seguir adelante con la vía penal.

De todos modos, unos meses después, en febrero de 2018, la jueza estimó, parcialmente, un recurso de la defensa de Subsuelos Urbanos y daba por abandonada la causa sólo en lo que se refería a Espigares, pero no en las personas jurídicas Ibimerco Empresa, de la cual el difunto era apoderado, Pronton SL (consejero delegado) y Subsuelos Urbanos.

Reclamaciones millonarias

Tras entrar en concurso de acreedores, Subsuelos Urbanos cerró el aparcamiento subterráneo de la plaza España durante siete meses, lo que forzó al Consistorio a rescatar la concesión. Actualmente, el concesionario es la entidad Med Real Estate Oportunity 2 SICC, que mantiene la pugna con el gobierno municipal del PP para que se cierren los aparcamientos disuasorios que no cumplen la normativa urbanística, como el de ses Variades.

De hecho, reclama al Consistorio el pago de una indemnización de 4,2 millones. Subsuelos Urbanos, por su parte, exige también algo más de 14 millones de euros por la vía administrativa. Tal como publicó este diario, el Tribunal Superior de Justicia de Balears ordenó al Consistorio la tramitación de un expediente de cierre del aparcamiento de ses Variades al ser ilegal. Ante la pasividad municipal, el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Palma dio un plazo al Ayuntamiento para acreditar el cumplimiento de dicha sentencia. Posteriormente, dio por eliminado el aparcamiento, aunque sigue funcionando igual que siempre, solo por el hecho de que el Consistorio retiró las señales.

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