La concesionaria actual del ‘parking’ subterráneo exige a Sant Antoni 4,2 millones de indemnización

La actual empresa concesionaria del aparcamiento de pago subterráneo de la plaza España (Real Estate Opportunity 2 Sicc SA) reclama al Ayuntamiento de Sant Antoni el pago de una indemnización de casi 4,2 millones de euros por el perjuicio que le ocasiona la permisividad municipal con el funcionamiento de los aparcamientos ilegales del casco urbano, fundamentalmente el de ses Variades.

La reclamación de responsabilidad patrimonial, que ha sido admitida a trámite por el Consistorio, afecta al período comprendido entre el 17 de febrero de 2021, cuando esta empresa asumió la concesión administrativa en sustitución de Subsuelos Urbanos, que es la que inició el proceso judicial para reclamar daños y perjuicios por la competencia desleal de los aparcamientos ilegales tolerados por el Ayuntamiento, y el pasado 23 de julio, es decir, casi dos años y medio.

En todo caso, la actual concesionaria ha advertido al Consistorio de que, más adelante, ampliará la reclamación de la indemnización, a la razón de 4.587 euros al día, mientras se mantengan abiertos los parkings sin licencia.

Además, Subsuelos Urbanos ya presentó una reclamación de 14,2 millones, cerca del 40% del presupuesto de Sant Antoni para este 2024, por la merma de ingresos que sufrió por la permisividad municipal de los aparcamientos disuasorios sin licencia. Hay que tener en cuenta que el Consistorio está obligado a compensar económicamente el perjuicio causado a la concesionaria en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), que es firme y aplicable, por la negativa del Consistorio a cerrar los aparcamientos clandestinos de ses Variades y otros tres en el centro del núcleo urbano (dos solares sin edificar en la calle Antoni Riquer y otro en la de Sant Rafel). Algunos de ellos ya están clausurados.

El alcalde, Marcos Serra, ya descartó, en septiembre del año pasado, el pago de los 14,2 millones reclamados por Subsuelos Urbanos, casi siete millones menos de lo que exigía inicialmente, al afirmar que se trataba de «una cifra muy elevada». Entonces, Serra anunció que el Consistorio encargaría un informe económico para estimar la cuantía de la indemnización.

El tribunal balear no sólo obliga al Consistorio a pagar una indemnización, cuya cuantía debe determinarse en la fase de ejecución de la sentencia, sino también a la clausura de los parkings clandestinos. Sin embargo, el Ayuntamiento, en el caso del de ses Variades, se limitó a retirar las señales informativas y los bolardos y, pese a que este espacio sigue funcionando como aparcamiento, el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Palma dio por buena la documentación aportada por el Ayuntamiento (el cese del convenio con la propiedad, aunque fue por iniciativa de esta última) y dio por «adecuadamente ejecutada» esta parte de la sentencia.

«Tomadura de pelo»

La actual concesionaria del aparcamiento subterráneo de la plaza de España presentó un recurso de apelación ante el TSJB, que está pendiente de sentencia, porque es «público y notorio» que el solar de ses Variades sigue funcionando como un parking público.

En la solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial presentada ante el Ayuntamiento, la concesionaria actual insiste en que la supuesta ejecución de la sentencia (la parte del cierre de ses Variades) es «una auténtica tomadura de pelo y una falta de respeto», puesto que la sentencia firme a lo que obligaba era, «y sigue siendo», puntualiza, a «la incoación de los expedientes de clausura de los parkings que no cumplan la normativa municipal y de actividades...».

La sentencia del TSJB fue «especialmente crítica con la insólita actuación pasiva y renuente postura al cierre» de los aparcamientos, destaca la sociedad concesionaria, que recuerda también que la propia arquitecta municipal, tal como reflejaba el fallo judicial, reconoció «la ilegalidad» de tales aparcamientos por no ajustarse a las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

De hecho, la sentencia señalaba que el Ayuntamiento, pese a las denuncias repetidas de Subsuelos Urbanos, «no sólo no incoó procedimiento de disciplina urbanística sino que incluso participaba y contribuía a la irregular situación de los mismos». En este sentido, el Consistorio eximía a los propietarios de los terrenos del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y corría con los gastos de la instalación de gravilla y la adecuación y señalización de los accesos.

El Ayuntamiento admite a trámite la demanda económica

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha admitido a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial inicialmente de casi 4,2 millones de la concesionaria del aparcamiento de pago subterráneo de la plaza de España. El Consistorio ha dictado una resolución por la cual nombra a una funcionaria de la institución para que ejerza de instructora del procedimiento. Este deberá determinar la responsabilidad del Consistorio y si procede indemnizar. Hay que tener en cuenta que una sentencia firme obliga a hacerlo, pero no establece la cuantía.

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