El PP se opone a defender el bloqueo del tráfico de ferris en Sant Antoni

La mayoría del PP ha tumbado esta mañana en el pleno del Consell de Ibiza una propuesta del grupo socialista en defensa del bloqueo actual del tráfico de ferris en el puerto de Sant Antoni, con la limitación, aprobada en la pasada legislatura, a buques de 65 metros de eslora como máximo.

La consellera del PP Sara Ramón señaló que esta limitación fue «arbitraria» y que el alcalde, Marcos Serra (también del PP), ha abierto una negociación con Ports de les Illes Balears, empresa pública del Govern, y «diversas instituciones» que el gobierno de la máxima institución insular quiere «respetar». También dijo que el PP mantiene su oposición al tráfico de mercancías, tal como se manifestó en la declaración institucional aprobada por el Ayuntamiento en 2017.

Ports quiere recuperar el tráfico de ferris en Sant Antoni y adecuará la estación

El portavoz del grupo socialista, Josep Marí Ribas, incidió en que la postura que el Govern adoptó cuando, precisamente, era conseller balear de Vivienda y Movilidad, cuenta con «un amplísimo apoyo social en Ibiza y en Sant Antoni en particular». «Entidades tan significativas como la federación hotelera se manifestaron en contra del tráfico comercial», dijo.

El conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, lamentó que el PP quiera «cambiar una situación que nadie ha pedido». «Me parece un error», dijo, a lo que el conseller de Vox, Jaime Díaz de Entresotos, respondió: «Parece que han hecho un referéndum en Sant Antoni. Yo voy mucho y a mi nadie me ha preguntado».

Por otro lado, el pleno aprobó una moción del PP, con el voto en contra de la izquierda, para exigir al Estado que desista del reglamento de Costas que ha sido anulado por el Tribunal Supremo.

Apartamentos Don Pepe

Asimismo, el portavoz socialista defendió, en una interpelación sobre los apartamentos Don Pepe, que Sant Josep podría ocupar ya los terrenos de Can Raspalls donde se prevé edificar una nueva vivienda a los afectados. Pero, tal como publicó este diario, el vicepresidente, Mariano Juan, explicó que los servicios jurídicos municipales tienen dudas sobre ello y los del Consell recomiendan también que «se aclare» esta cuestión.

Suscríbete para seguir leyendo