La nueva ley del taxi reduce de cuatro a dos años la explotación de VTC de Ibiza en Mallorca

Se inicia una moratoria de un año para la concesión de licencias mientras se aprueban los criterios para darlas

La parada de taxis del aeropuerto de Eivissa, en una imagen de archivo. | VICENT MARÍ

La parada de taxis del aeropuerto de Eivissa, en una imagen de archivo. | VICENT MARÍ

Eugenio Rodríguez Martos

Eugenio Rodríguez Martos

El Parlament balear ha aprobado este martes por unanimidad la nueva ley que regula el servicio del taxi y los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) y frenar la expansión de plataformas como Uber y Cabify y que finalmente reduce, por la presión del sector del taxi en Mallorca, de cuatro a dos años el período de transición en el que las VTC autorizadas en una isla puedan operar en cualquier otra del archipiélago.

Eso sí, para tratar de reducir las posibilidades de que las 300 VTC autorizadas la pasada legislatura por el Consell de Ibiza, por mandato judicial, puedan explotarse en Mallorca, se ha introducido otra limitación: sólo podrán prestar servicio en otra isla, durante los dos años de transición, aquellas licencias que «hayan realizado servicios en la Comunitat Autònoma».

Como la mayoría de las 300 VTC otorgadas en Ibiza aún no se han activado, se ha introducido esta medida para tratar de reducir más el posible impacto del traslado de licencias de Ibiza a Mallorca. Después de los dos años de transición, en las que las VTC podrán tramitar el cambio de domicilio, las licencias autorizadas en cada isla no podrán explotarse en otra, tal como defendían desde el principio todos los grupos políticos, en contra de la posición del Consell de Ibiza y el sector del taxi de la isla.

Los taxistas de Mallorca han hecho de esta cuestión uno de sus principales caballos de batalla en la negociación de la nueva ley con los grupos políticos. De hecho, esta reivindicación enfrentó al sector del taxi de Mallorca con el de Ibiza, hasta el punto que los ibicencos debatieron la posibilidad de salir de la Federación Independiente del Taxi de Illes Balears (Fitib) para tener voz propia en el Consell Balear de Transportes Terrestre. Finalmente, en contra de su voluntad, la Federación Insular del Taxi de la Isla de Ibiza (Fitie) transigió a la demanda de los compañeros del sector en Mallorca.

Críticas al Consell de Ibiza

El presidente de la Fitib, Gabriel Moragues, dijo, en declaraciones a este diario que «Mallorca no tenía por qué comerse las 300 VTC de Ibiza», cuando, según su criterio, el Consell de Ibiza las otorgó de forma «laxa sin velar por el cumplimiento estricto de la normativa». Precisamente, en el debate previo a la aprobación de la ley de ayer, el diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa fue el único que hizo referencia a esta cuestión al afirmar que el sector del taxi estaba entre «la espada y la pared» por «la inacción de un Consell de Ibiza totalmente desleal», en referencia también a la mano abierta con la que, en el pasado mandato, el gobierno insular del PP y Ciudadanos autorizó las 300 licencias que los tribunales le obligaban a tramitar, en ningún caso a otorgar.

Representantes de los grupos políticos y el sector del taxi de Mallorca, en el Parlament, tras la aprobación de la ley.

Representantes de los grupos políticos y el sector del taxi de Mallorca, en el Parlament, tras la aprobación de la ley. / Parlament balear

La propuesta de ley impulsada por el PSOE, pero modificada sustancialmente por las enmiendas pactadas por PP y Vox, fue aprobada por unanimidad tras alcanzar un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas. El diputado del PP José Luis Mateo destacó que esta ley es «imprescindible para evitar una avalancha de nuevas autorizaciones de VTC». Mateo recalcó, en este sentido, que en el último año se han registrado unas 10.000 solicitudes en Balears, 7.000 en Ibiza en los últimos meses.

Nuevos criterios para dar licencias

A partir de ahora, con la nueva ley, la autorización tanto de licencias de taxi como de VTC debe basarse en criterios de sostenibilidad ambiental, gestión del tráfico y del espacio físico, que es la vía abierta por el Tribunal Supremo para frenar la proliferación de VTC con las que operan plataformas como Uber y Cabify tras la eliminación de la proporción 1/30. Ahora, el Govern tiene un plazo de un año para aprobar un decreto en el que, tras llevar a cabo un estudio de la oferta existente, se concreten estos criterios. Durante este período ni los ayuntamientos ni los consells podrán otorgar nuevas licencias de taxi ni de VTC.

Principalmente, la nueva ley regula que los taxis pueden llegar a ser de nueve plazas (en Ibiza no están regulados ni siquiera los de siete, a diferencia de Mallorca y Menorca) y los taxistas podrán explotar hasta cuatro licencias, aunque no se especifica cómo podrán obtenerlas. Asimismo, se regula la posibilidad de que se ofrezca un precio cerrado por desplazamiento y plaza (esto permitirá que se pueda compartir un taxi) y el procedimiento para la aprobación de Áreas de Prestación Conjunta en cada isla, lo que demanda insistentemente desde hace meses el sector del taxi de Ibiza para forzar a que las VTC tengan que obtener una licencia urbana.

Precontratación de 30 minutos

De hecho, la ley obliga a las VTC a obtener, con carácter previo, la autorización urbana. Además, mantiene la obligación de la contratación del servicio con 30 minutos de antelación, aunque, en realidad, no se cumpla y, además, ya hay sentencias que han tumbado esta condición en otras comunidades.

También se exige por primera vez a los conductores una serie de requisitos para mejorar la calidad del servicio y se obliga a los titulares de VTC de otras comunidades que quieran operar 18 días por cada tres meses en Balears a que lo soliciten tres meses antes con la aportación de una serie de datos.

A última hora se aprobó una enmienda in voce para evitar que las VTC puedan cargar o descargar clientes en las paradas de taxi. La versión inicial preveía esta posibilidad en el caso de que hubiera una contratación previa en ese punto.

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Més per Menorca rompió, en cierta manera, el consenso político alcanzado al votar abstención en dos artículos de la ley. El diputado Josep Castells justificó esta posición de los diputados nacionalistas menorquines en defensa de la autonomía de los consells insulares, que, recordó, salvo en Mallorca, tienen transferida la competencia de transporte público terrestre.

Castells resaltó «la obsesión» en Mallorca de «saltarse el Estatut d’Autonomia», en el que se define que esta competencia corresponde a los consells. Así, a modo de ejemplo, citó que la ley prevé que la constitución de las Áreas de Prestación Conjunta se haga a través de una orden del conseller balear con un informe «no vinculante de los consells insulares». «Como se dice en buen mallorquín, esto es un atropello. Va contra el ADN de Més per Menorca. Votaríamos en contra, pero nos abstenemos para dar un voto de confianza por el trabajo de consenso hecho», argumentó.

«Ni se dan cuenta, pero esta ley se ha trabajado con una mentalidad mallorquina, también la del sector del taxi, que no ha tenido en cuenta que las competencias del transporte terrestre son de los consells. Es una lástima», subrayó.

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