Pleno de Sant Josep

Sant Josep recurre otra vez a un informe externo para edificar en Port des Torrent

Ara Eivissa denuncia que el expediente acumula «un conjunto de despropósitos» que «condena a Sant Josep a seguir con el mal urbanismo que tanto daño ha hecho»

El terreno, entre las calles Valencia, Soria y la avenida de Sant Agustí, y al sur de esta.  | GOOGLE MAPS

El terreno, entre las calles Valencia, Soria y la avenida de Sant Agustí, y al sur de esta. | GOOGLE MAPS / eugenio rodríguez. sant josep

El pleno aprobó ayer de forma definitiva, con el voto favorable de PP y Vox, la abstención de PSOE y Unidas Podemos y la oposición de Ara Eivissa, el estudio de detalle del Área de Actuación 5.25.1, situada en Port des Torrent, justo detrás del antiguo restaurante Racó dels Pins, en la que se proyecta construir tres edificios de viviendas de planta baja más dos alturas y otro de uso terciario. Se da la circunstancia de que, tal como reveló el concejal de Ara Eivissa, Josep Antoni Prats, después de que «el servicio técnico» del Ayuntamiento informara de forma desfavorable a este estudio de detalle en julio de 2019, el equipo de gobierno contrató a un arquitecto externo para que emitiera un informe favorable.

Se trata del mismo procedimiento que, según la Guardia Civil, motivó la investigación de la supuesta trama de corrupción urbanística de Sant Josep que, tras las elecciones de mayo, desencadenó la operación policial Magister dixit y la detención del entonces alcalde, Ángel Luis Guerrero, y la arquitecta municipal Carla García, entre otros abogados y técnicos externos al Ayuntamiento.

En este caso, el concejal de Ara Eivissa recordó que este expediente se inició en 1987 y «condensa muchas de las cosas extrañas que se hicieron en esos años». Así, según su criterio, al menos hay tres cuestiones «suficientemente graves» para que el equipo de gobierno paralizara su tramitación. Se refirió a que se presentó un proyecto inicial, luego se cambiaron «dos trozos» (parcelas) del mismo, pero se «presentaron los mismos metros y los mismos documentos». «Alguien se rió del Ayuntamiento», dijo Prats.

Incumplimiento de las NNSS

También denunció «un flagrante incumplimiento» de las Normas Subsidiarias al contemplar como espacio libre de uso público la ampliación de viales o el aparcamiento. Con «estos pecados originales» el expediente se quedó dormido, según Prats, en 2006 «a la espera de tiempos más propicios». En 2019 se reactivó la tramitación. Fue cuando la entonces arquitecta municipal emitió un informe desfavorable al observar «un montón de defectos de tramitación y concreción».

Entonces se contrató a un arquitecto externo para responder a las alegaciones del promotor. Informó a favor del estudio de detalle, pese a que el promotor, según Prats, no dio respuesta a todos los defectos apuntados por la técnica municipal. Además, inicialmente en las dos parcelas de 18.700 metros cuadrados se había previsto una cesión de 1.700 metros cuadrados al Ayuntamiento, pero, según Prats, la nueva promotora (Metrovacesa) al darse cuenta de que, con respecto a la medición inicial, le faltaban 864 metros, consideró que «ya los había cedido».

«Un conjunto de despropósitos»

Prats destacó que este expediente contiene «un conjunto de despropósitos» que «condena» a Sant Josep a «seguir con el mal urbanismo que tanto daño ha hecho». «Qué ingenuo era cuando pensaba que ya se había acabado», subrayó.

El edil del PSOE Vicent Roselló, que dijo que este expediente tiene «más historia que el descubrimiento de América», justificó la abstención de su grupo en el hecho de que el PP llevó a pleno la propuesta sin esperar a un informe solicitado al Consell.

El alcalde, Vicent Roig, echó en cara al PSOE que fue su gobierno el que aprobó inicialmente el estudio de detalle y, pese a que no ha cambiado nada, ahora pone «todos los peros del mundo». También recriminó a Prats que no hubiera presentado ninguna alegación durante la exposición pública y que pusiera «en duda» el trabajo de los técnicos de la casa. Prats le respondió que no es él quien «duda» del trabajo de los técnicos municipales, sino «aquellos [el anterior gobierno de izquierdas] que no les pidieron el correspondiente informe». El alcalde también dijo que , al tardar más de dos meses en contestar el Consell, se produce silencio administrativo positivo y ya no hace falta su informe. «Es lo que establece la ley», justificó Roig.

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