Los sindicatos reclaman que todos los docentes reciban las ayudas para la vivienda en Ibiza y Formentera

Los representantes sindicales piden en la primera Mesa de la Insularidad, presidida por el conseller Antoni Vera, que las compensaciones económicas por residencia no se ciñan sólo al profesorado desplazado

Satisfechos, pero a medias. Esta es la conclusión de los representantes de los sindicatos de educación STEI intersinidical, CCOO, UGT, ANPE y Unió Obrera Balear (UOB) tras la reunión de la primera Mesa de Insularidad, celebrada este martes en Ibiza y presidida por el conseller balear de Educación, Antoni Vera.

Las medidas propuestas, que tienen como fin, por un lado, cubrir las plantillas en septiembre y no hasta «mediados de noviembre» como ha sucedido este año y, por otro, «dar estabilidad» tanto a los centros educativos como al alumnado, apuntó el conseller, se basan en la posibilidad de firmar convenios con empresas turísticas que puedan poner viviendas a disposición de los docentes (como ya avanzó Diario de Ibiza el pasado noviembre), así como ofrecer hasta 400 euros al profesorado desplazado para compensar el pago del alquiler.

Además, desde la conselleria se prevé definir las plazas de difícil y de muy difícil cobertura y, por último, reclamar al Estado central que iguale el complemento de insularidad de Balears con el de Canarias.

Contactos con hoteleros

En relación a la problemática habitacional, Vera precisó que, a día de hoy, ya ha habido un «primer contacto» con empresas turísticas, «pero no son contactos serios». De hecho, señaló que una vez se apruebe la enmienda presentada por el Partido Popular, que permitirá firmar convenios con hoteleros para ceder alojamiento a docentes y sanitarios, se podrá desarrollar la medida. Además, están los 400 euros que el Ejecutivo balear contempla para los docentes desplazados.

El conseller Antoni Vera, saludando a los representantes sindicales.

El conseller Antoni Vera, saludando a los representantes sindicales. / Marcelo Sastre

En cuanto a las plazas de difícil y muy difícil cobertura, Vera indicó que aún no se han concretado, pero sí reconoció que en Secundaria hay «muchas dificultades» para cubrir plantillas, «muchas más» en FP mientras que en Primaria hay «muchos desplazamientos», indicó. «Debemos ser conscientes de que habrá plazas de difícil cobertura y de muy difícil cobertura, y en las Pitiusas, muchas lo podrían ser», insistió.

Para el conseller se trata de soluciones «momentáneas» para solventar una problemática que se arrastra desde hace «mucho tiempo» y a la que, según criticó, la conselleria de Educación anterior no puso solución.

Los sindicatos

Todos los sindicatos agradecieron la convocatoria de la primera Mesa de Insularidad de la legislatura, aunque pusieron objeciones a las medidas presentadas.

Desde el STEI-i mostraron su sorpresa ante el hecho de que se «abra el melón» una vez aprobados los presupuestos del Govern. «Hay millones [de euros] para cuestiones lingüísticas y una cuestión que consideramos prioritaria como es de qué manera Ibiza y Formentera pueden cubrir las plazas para que nuestros alumnos no se queden sin docentes, se tiene que hacer a posteriori», señaló Joana Tur.

Para Tur es «básico» que las Pitiusas reciban un trato «diferenciado» del resto de islas porque la problemática es «mucho más grave». Reclamó que los complementos deben ser «más elevados» y la catalogación de plazas de difícil cobertura debería hacerse «cuanto antes».

Por último, desde el STEI exigieron que las ayudas económicas lleguen a «todos los docentes» no sólo a los desplazados porque quien vive en Ibiza «tiene los mismos problemas de vivienda» que los que llegan de fuera. En este punto coincidió también el secretario general de CCOO de Balears, Mario Devis, quien resaltó que, quien no paga un alquiler, «paga una hipoteca».

Devis, además, señaló que el problema ya no es la insularidad sino que se trata de un problema habitacional y es el motivo por el que los docentes «no pueden ni estabilizarse ni pagar el precio del alquiler».

Medidas a largo plazo

Desde CCOO señalaron que la solución de esta problemática «no es única, sino que hay varios frentes», algo que también apuntó Andreu Fullana, del sindicato UGT, que señaló la necesidad de impulsar un «plan a medio y largo plazo», un «plan más completo», insistió. Para Fullana es necesario trabajar hacia la «estabilización» de las plantillas docentes y evitar que el profesorado llegue a Ibiza para un «Erasmus docente, hacer puntos y salir, o por necesidad, durante pequeños periodos de vida». En relación a los convenios con el sector turístico para facilitar viviendas, Fullana señaló que puede ser una solución a «corto plazo, pero no suficiente», criticó.

La representante de UOB, Isabel Farelo, hizo hincapié en que se haga una «revisión cuidadosa» del complemento de residencia, una reivindicación que Vera indicó que se continuará reclamando ante el Gobierno central, ya que, por masa salarial, actualmente no pueden incrementarlo desde el Govern balear.

El conseller balear de Educación, Antoni Vera.

El conseller balear de Educación, Antoni Vera. / Marcelo Sastre

El representante de ANPE, Víctor Villatoro, indicó que Ibiza, Formentera y Menorca se encuentran en una «situación de emergencia» ya que la vida se ha vuelto «insostenible». Villatoro coincidió con el resto al indicar que no solo se debe trabajar con las plazas de difícil cobertura sino que también hay que «tener en cuenta a los docentes residentes, que deben hacer frente a esta situación de precios y dificultades de la vivienda».

Desde ANPE también consideraron «insuficientes» las medidas presentadas por la conselleria e instaron a trabajar en actuaciones «a corto, medio y largo plazo». Reivindicaron, además, un aumento en el complemento por residencia que en Mallorca es de cien euros mientras en Ibiza, Formentera y Menorca asciende apenas a 113 euros al mes. En Canarias, por su parte, el complemento oscila entre los 156 euros de Gran Canaria y Tenerife y los 426 euros en Fuerteventura y Lanzarote. En Ceuta y Melilla, por su parte, el complemento suma hasta 700 euros más, según indicó Villatoro.

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