Vox apunta a su entrada al Govern para salvar los Presupuestos

Mensaje directo de Vox a Prohens: «Necesitamos que nos traten como a un socio real, nosotros no estamos gobernando y si quieren que sus iniciativas salgan adelante tendrán que actuar en consecuencia». En un giro de guion, ayer los de Abascal lanzaron toda una declaración de intenciones apuntando hacia su entrada al Govern para salvar los presupuestos y volviendo al discurso previo a la investidura de Marga Prohens. En una comunidad, la de Balears, que es la única en toda España donde el PP ha dejado a los ultraconservadores fuera del Ejecutivo a pesar de necesitar su apoyo.

Vox denunció el trato recibido por parte del populares durante la elaboración de las cuentas autonómicas, sintiéndose como un partido más de la oposición. «¿Si nos presentan los presupuestos a la vez que el resto de grupos, por qué nos llaman socios? El acuerdo de investidura no es un cheque en blanco, Vox ha sido invitado a jugar el partido en el tiempo de descuento y a nadie le gusta tener que jugárselo todo en los penaltis» advirtió la portavoz en el Parlament, Idoia Ribas.

Una situación que ha generado gran malestar en el seno del grupo parlamentario, que de momento opta por la abstención para el debate de los presupuestos del próximo martes y no descarta votar en contra si no recibe los 20 millones de euros para la libre elección de lengua y la eliminación de las subvenciones a las patronales y sindicatos. «Para votar a favor se deberá renegociar aquellas partes que no han sido incorporadas y que ahora mismo no existen», detalló Ribas. En este sentido, Vox decidió tumbar ayer en comisión las cuentas de las conselleries de Economía, Empresa y Educación, además de IBDona, IB3, Instituts d’Estudis Baleàrics, IBJove y la Fundació Acció Exterior, un hecho insólito en la historia del Parlament. Así, la aprobación de las cuentas autonómicas ha quedado totalmente en el aire ya que las partidas previstas para estas áreas han caído del texto articulado y no forman parte de la ley del Ejecutivo. El Govern deberá renegociar el texto y se lo jugará todo en el debate de la semana que viene al que acudirá con la mitad de la normativa tumbada.

Por otro lado, Vox ha aumentado el precio a pagar por parte del Govern si quieren recibir su apoyo para sacar adelante las cuentas. La portavoz de los ultraconservadores le recordó a Prohens que lo pactado entre ambas formaciones era la abstención, por lo que si quieren un voto a favor tendrán que aceptar sus exigencias. «Nos mantenemos en nuestro compromiso de la abstención que es lo que acordamos al inicio de la legislatura, si el PP no está conforme está en su mano mejorar este escenario. Vox no puede asumir la responsabilidad de votar que sí en las políticas donde no hemos participado y que no compartimos, sería una traición para nuestros votantes», expresó Ribas.

El voto de Llorenç Córdoba

En el actual contexto político, la aprobación de las cuentas de Prohens pasa por el sentido del voto del diputado de Sa Unió, Llorenç Córdoba. Si decide alinearse con la oposición y votar en contra de los presupuestos, Prohens no tendría la mayoría necesaria, por lo que necesitaría obligatoriamente el sí de Vox, algo de lo que es plenamente consciente la formación ultraderechista. Por ello ponen encima de la mesa dos condiciones sine qua non.

La exigencia más importante de Vox es su medida estrella, los 20 millones de euros para aplicar la libre elección de lengua para el primer cuatrimestre del próximo curso. A pesar de que desde el Partido Popular consideran que la cuantía que exigen sus socios «es elevada», estando dispuestos a estudiar una cifra menor. Fuentes de los ultraconservadores apuntan a que los 20 millones no son negociables y amenazan con volver a actuar como lo hicieron con el techo de gasto.

Asimismo, otra medida que tampoco es negociable para votar sí a las cuentas autonómicas es la eliminación de las subvenciones a las patronales y sindicatos de Balears. De esta forma, Vox quiere suprimir la subvención de 100.000 euros destinada a CCOO, la de 100.000 euros a UGT, la de 50.000 a PIMEB y la de 150.000 euros que recibe la CAEB.

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