El Govern aún debe 238 millones hasta el año 2030 por las autovías de Ibiza

El 90% de las llamadas inversiones territorializadas que el Govern balear prevé para Ibiza en el presupuesto de 2024 se destina al pago de la factura de las concesiones de las autovías del aeropuerto y Sant Antoni. En concreto, de los 35,6 millones de euros proyectados para Ibiza, algo más de 32 millones de euros se reservan para el pago del peaje en sombra de las dos infraestructuras viarias.

Se trata de un sistema de financiación para abonar a plazos las obras que proyectó y ejecutó el Govern balear presidido por Jaume Matas en la legislatura 2003-2007. Cada año, durante los 25 de la concesión, que culmina, en ambos casos, en 2030, la Comunitat Autònoma paga una cuantía en función del tráfico que transita por ambas carreteras. Las empresas concesionarias asumen, por su parte, durante este período los costes de mantenimiento de las dos autovías.

Desde la puesta en marcha de las dos concesiones, cada año las inversiones que el Govern destina a Ibiza están sobredimensionadas por las elevadas facturas del peaje en sombra. Curiosamente, el coste de las autovías de Ibiza previsto en 2024 es prácticamente el mismo que las inversiones territorializadas para Mallorca (32,5 millones de euros). Para Menorca, se han reservado 5,8 millones y sólo 103.688 euros para Formentera, un 69% menos que este año. Aparte, hay 136,5 millones de euros (el 64,8% del total de las inversiones) «indeterminados» porque no se puede concretar de antemano el lugar físico en el que se producirá.

Las empresas públicas

Hay que tener en cuenta, no obstante, que las inversiones territorializadas sólo suman las inversiones (capítulo 6) en infraestructuras de cada conselleria balear y no se incluyen las proyectadas por las empresas públicas, como el Ibisec (centros educativos), Ibavi (promociones de vivienda pública) o Abaqua (proyectos de depuración o desalación), que, precisamente, concentran el grueso de las inversiones proyectadas por la Comunitat Autònoma.

De hecho, a los 35,6 millones de las llamadas inversiones territorializadas presupuestadas para Ibiza (837.363 para el municipio de Vila, lo que supone un 6,3% menos que este año, y 34,7 millones para el resto de la isla, con un incremento del 2,4% con respecto a 2023), se tienen que sumar los más de 21 millones de euros en inversiones proyectadas por las empresas públicas del Govern. En todo caso, el coste de las autovías aún supera en algo más de 11 millones el paquete de inversiones del sector público instrumental de la Comunitat Autònoma en 2024.

La factura de las autovías

Según los datos facilitados por el Ejecutivo autónomo a este diario, hasta ahora se han pagado 352,1 millones por las concesiones de las dos autovías de Ibiza, el 59,6% del total (590,5 millones). Así, hasta el año 2030, cuando se acaba la concesión de las dos infraestructuras viarias, la Comunitat Autònoma aún debe pagar 238,4 millones de euros más.

En concreto, el Govern balear ya ha pagado 158,8 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas Accesos Ibiza, formada por Matías Arrom Bibiloni y Ortiz Construcciones y Proyectos, por la concesión de la autovía del aeropuerto, y aún le queda pendiente el pago de un total de 120,4 millones. Esta obra se adjudicó en 2005 con un presupuesto de 59,9 millones de euros (en el convenio estatal de carreteras se había previsto una partida de sólo 3,9 millones). Como ya se ha apuntado, el Govern balear presidido por Jaume Matas optó por financiar la ejecución de este proyecto a plazos a través del peaje en sombra (durante los 25 años que dura la concesión), que incluye también los costes de mantenimiento de la carretera durante este periodo.

En cuanto a la concesión de la autovía de Sant Antoni, adjudicada en 2005 a FCC Construcciones y Enrique Ortiz (empresa distinta a la de la otra autovía), el Govern balear ya ha pagado 193,3 millones de euros y aún debe 118 millones. El coste de esta obra ascendía a 70,8 millones, cuando el convenio de carreteras sólo reservaba 4,7 millones.

Segundo cinturón, pagado

La ampliación del segundo cinturón de ronda se adjudicó a Matías Arrom Bibiloni por 23,6 millones de euros, pero dichas obras se financiaron en diversas anualidades sin recurrir al peaje en sombra y, una vez liquidado su coste, se transfirió su titularidad al Consell de Ibiza. Mientras duren las concesiones de las autovías, la competencia de ambas estará en manos de la Comunitat Autònoma.

Durante la comisión de investigación de las autovías en el Parlament, en noviembre de 2016, los constructores de las dos autovías declararon que habían hecho «un mal negocio». Entonces, Enrique Ortiz, el empresario valenciano que se asoció con FCC para obtener la concesión de la autovía de Sant Antoni, decía que tenía «un endeudamiento muy grande de 70 millones». «Hoy gracias a Dios se está pagando bien, pero hemos pasado momentos difíciles. A nivel de inversión no es un buen negocio... Al final se lo llevan los bancos. Los contratistas cobramos la obra y damos gracias», dijo Ortiza.

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