El Govern busca encaje jurídico para «perseguir» a los turistas «incívicos»

La conselleria balear de Turismo no sólo modificará el nombre del decreto contra el turismo de excesos, que afecta a la zona del West End de Sant Antoni, sino que también proyecta eliminar la zonificación actual y «perseguir e ir en contra del que produce la actitud incívica». Para esta última medida, que será la de «mayor calado», se tiene que buscar encaje jurídico, según ha explicado este lunes el conseller balear de Turismo, Jaume Bauzá, tras la reunión de la Comisión para el Fomento del Civismo en las Zonas Turísticas, con representantes de los cuatro ayuntamientos afectados (Sant Antoni, Calvià, Palma y Llucmajor), los consells insulares de Ibiza y Mallorca y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En este encuentro se han evaluado los incidentes y resultados de la pasada campaña turística y se han recogido propuestas para modificar el decreto aprobado en la pasada legislatura por el anterior gobierno de izquierdas.

Ahora, la próxima semana o la siguiente se convocará por primera vez, según el conseller, a la subcomisión prevista en este decreto, y que está formada por representantes de las patronales, sindicatos y asociaciones de vecinos, para tratar el mismo asunto con el objetivo de que de cara a la próxima temporada turística ya entre en vigor la nueva versión de esta normativa. Además, se cambiará el nombre de decreto contra el turismo de excesos por el de «turismo responsable». En este sentido, el director general de Turismo, Josep Aloy, destaca que no se trata de «una cuestión puramente etimológica sino de calado» porque relacionar zonas concretas con excesos «significa una cierta pérdida de imagen». El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, habla de «estigmatización» del destino.

Sant Antoni reclama un recorte de las medidas contra el turismo de excesos y que se apliquen en todas las islas

El conseller reconoce que hallar el encaje jurídico para «perseguir» las conductas incívicas será «lo más difícil», pero asegura estar «convencido» de que se hará. «Se tiene que estudiar. Jurídicamente, en otros casos de Europa se actúa contra estas personas. Habrá que ver de qué manera actuamos dentro de nuestro margen jurídico», resalta Bauzá.

La primera teniente de alcalde de Sant Antoni, Neus Mateu, que se ha desplazado a Palma para asistir a esta reunión, señala que todos los ayuntamientos implicados coinciden en que se tienen que «fortalecer las sanciones a los infractores, los que cometen los excesos en la vía pública, ya sea por consumo de alcohol o de estupefacientes». Así, Mateu resaltó que, por ejemplo, «se denuncia a un hotelero por no tener colgado un cartel con las sanciones que prevé el decreto, pero éste no prevé sanciones concretas para los infractores incívicos».

¿Expulsión de incívicos?

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que se puedan incorporar medidas como la expulsión de las islas de los incívicos o la prohibición de volver a pisarlas durante un periodo de tiempo, el conseller de Turismo responde que eso dependerá del «delito o la infracción cometida y estará regulado en el decreto». «He expresado las líneas maestras y ni se descarta ni se admite nada. Luego hay que encajarlo jurídicamente. Lo principal es atacar, también a las empresas, pero sobre todo a aquellas personas que se comportan de una manera que no es tolerable, ni aquí ni en ningún sitio», subrayó.

Otra modificación que genera consenso es la eliminación de la zonificación de las calles en las que se aplica el decreto. La primera teniente de alcalde de Sant Antoni justifica que es «muy complejo», a la hora de aplicar el decreto, determinar que en «una calle sí se haga y en otra no». Precisamente, Josep Aloy recuerda que se dan situaciones en las que en una calle no se pueden comprar bebidas alcohólicas y sí en la de al lado. El alcalde de Sant Antoni ha dicho en varias ocasiones que este decreto debería aplicarse en toda Ibiza y Balears. Al ser preguntado sobre ello, el conseller de Turismo afirma: «No estoy en disposición de decir si será en todo el archipiélago o no. Hoy [por ayer] hemos mantenido la primera reunión para escuchar, y ahora tenemos que hacer lo mismo con los que están a pie de calle: sindicatos, patronales y asociaciones de vecinos».

Asimismo, Bauzá destaca que, según el balance de las fuerzas de seguridad del Estado, el pasado verano «disminuyeron las actuaciones policiales por actitudes incívicas». Por su parte, Neus Mateu explica que se han levantado 33 actas en aplicación del decreto por parte de los servicios de inspección del Govern (Comercio y Consumo) y el Consell (Turismo) con la colaboración de la Policía Local.

Muchas más detenciones por drogas

Por su parte, las detenciones por tráfico de drogas se han disparado pasando de 46 en la temporada de 2022 a 102. «Se ha hecho mucho trabajo con el plan de seguridad de verano, que este año además empezó antes», justifica la primera teniente de alcalde. Aparte de las actuaciones para exigir el cumplimiento de las ordenanzas municipales, se han producido 262 denuncias en aplicación la ley 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, cuando el año pasado se registraron 178.

Sant Antoni también reclama recursos económicos para impulsar «el embellecimiento» de la zona afectada por el decreto de excesos. «Es importante que se puedan recibir ayudas especiales para esto», resalta Mateu.

Suscríbete para seguir leyendo