La Fiscalía concede el estatuto de protección como denunciante a la interventora del Consell de Ibiza

La Fiscalía ha dado el visto bueno a que la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Balears, que depende del Parlament balear, conceda a la interventora del Consell de Ibiza, Marian Tur, el estatuto de protección que se otorga a aquellas personas que denuncian o informan sobre infracciones o casos de corrupción. La concesión del estatuto de protección ya ha sido comunicado al Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza, donde se instruyen las diligencias del caso ‘La vida Islados’, en el cual el presidente del Consell, Vicent Marí, figura como querellado por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones hacia la interventora.

La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Balears, que fue la que trasladó este caso a la Fiscalía, también ha instado al presidente Marí a que, como máximo responsable del Consell, garantice el cumplimiento de la resolución y verifique que no se lleva a cabo ninguna actuación «lesiva» ni de «represalia» contra la interventora.

La interventora del Consell pide ir en comisión de servicios a Castelldefels

El pasado mes de junio, la Fiscalía General del Estado y el director de la oficina anticorrupción de Balears firmaron un convenio de colaboración y un protocolo de actuación en el que, en la cláusula quinta, se contempla que el Ministerio Público pueda comunicar a la oficina balear la necesidad de que se adopten algunas de las medidas previstas en la ley 2/2023 que regula la protección de personas informantes o denunciantes de casos de corrupción u otras infracciones.

Indicios de represalias

A mediados de julio, la funcionaria del Consell presentó en la oficina anticorrupción una solicitud de protección ante posibles represalias por haber informado en contra del pago de la campaña publicitaria ‘La vida Islados’. Tras el visto bueno de la Fiscalía, la oficina emitió un informe en que señalaba que la interventora reunía todos los requisitos para obtener el estatus de protección de persona denunciante.

Se basaba en la existencia de «indicios de unas presuntas tentativas de represalias consistentes en intimidación o discriminación y especialmente en un trato desfavorable que la sitúa en desventaja particular en el contexto laboral o profesional». En concreto, se apunta como «indicios» la falta de respuesta a su solicitud de reorganización del departamento de Intervención y también al encargo que recibió a las 15.01 horas para elaborar un informe que debía presentar a la mañana siguiente a las 8.30 horas, según recoge la resolución de la oficina anticorrupción.

La ley 2/2023 entiende por represalia cualquier acto u omisión que estén prohibidos por ley o que, de forma directa o indirecta, «supongan un trato desfavorable que sitúe a las personas que las sufren en desventaja particular con respecto a otra en el contexto laboral o profesional».

La querella de la Fiscalía contra el presidente señala que éste amenazó, supuestamente, a la funcionaria, cuando ocupaba el cargo de viceinterventora, con que no le daría la plaza de interventora si no se portaba bien. En cambio, Vicent Marí defiende que es al revés: que fue Marian Tur, presuntamente, la que le amenazó a él para lograr su puesto y que ahora actúa «por venganza». Tras la admisión a trámite de la querella, Tur pidió una orden de alejamiento del presidente que fue rechazada por el juez. La interventora ha pedido una comisión de servicios para ocupar una vacante en el Ayuntamiento de Castelldefels.

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