Vilás pide a Santa Eulària que anule la licencia del hospital privado de Jesús

El propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás, solicitó la semana pasada por escrito a la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, que se iniciase un expediente de declaración de caducidad de la licencia de obras y actividad del hospital privado de Jesús tras haber transcurrido seis meses, desde su concesión, sin que se hayan iniciado las obras. «La promotora debería de haber emprendido la edificación dentro del plazo que marca la ley balear de urbanismo, pero no lo ha hecho por manifiesta y palmaria inactividad. Ha existido abandono o desestimiento de su obligación de edificar, por lo que el Ayuntamiento debe asumir sus competencias e iniciar el expediente de caducidad», señala el escrito del dueño de la Policlínica.

Sin embargo, la semana pasada también la junta de gobierno de Santa Eulària acordó conceder, a propuesta del promotor, el empresario farmacéutico Juan Tur Viñas, una prórroga de tres meses para retirar la licencia. La ley balear de Urbanismo contempla esta posibilidad, según explicó a este diario un portavoz municipal.

Santa Eulària da tres meses más al promotor del hospital de Jesús para retirar la licencia

El escrito de Vilás señalaba que la caducidad de un permiso de obra es «el instrumento jurídico para lograr la eficiente ejecución del planeamiento al impedir la operatividad de las licencias meramente especulativas, como la obtenida por la promotora y propiedad de la finca Cas Doctor Martí», junto al campo de fútbol de Jesús.

La solicitud dirigida a la alcaldesa destacaba también que no ha habido en este caso «una supuesta causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista o inevitable» que impidiera al Ayuntamiento tramitar la declaración de caducidad de la licencia tras haber superado el plazo de ejecución. La prórroga de tres meses se ajusta a lo previsto por la ley.

Aparte del elevado coste que supone la retirada de la licencia (6,5 millones de euros correspondientes al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y por el aprovechamiento atípico del terreno), Vilás recuerda en su escrito que la licencia fue otorgada el pasado 28 de octubre a pesar de que la autorización sanitaria estaba caducada, lo cual, según su criterio, supone que sea «nula de pleno derecho».

En este sentido, Vilás expone todas las condiciones que debería cumplir el promotor antes del inicio de las obras, como «el estricto cumplimiento» de todas las prescripciones de la declaración de interés general otorgada por el Consell en agosto de 2010, al igual que las de la declaración de impacto ambiental de junio de ese año y las de la dirección general de Recursos Hídricos.

Suscríbete para seguir leyendo