Juzgan al propietario de un alquiler de coches de Ibiza por no pagar 112 vehículos

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Balears reclama dos años y medio de prisión para un empresario ibicenco, E.E.L., por un delito de estafa, por la compra de 112 vehículos para su empresa de alquiler de coches, BK, que nunca pagó ni devolvió.

La vista previa del juicio se celebrará el próximo jueves, 4 de mayo, en la Audiencia Provincial de Palma y además de la pena de prisión, el Ministerio Público pide para el acusado una indemnización por la cantidad que no pagó, más de 1,8 millones de euros, a una entidad financiera, y una multa del doble de esa cantidad, más de 3,6 millones.

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Los hechos se remontan a los años 2010 y 2011. Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, antes de esas dos temporadas turísticas, E.E.L. firmó 112 contratos de préstamo con la entidad financiera para la adquisición de otros tantos vehículos para la empresa de la que era administrador único, BK Alquiler de Coches SL. Los vehículos fueron adquiridos entre abril de 2010 y marzo de 2011 en el concesionario ibicenco Terrenauto.

Al año siguiente, entre los meses de mayo y julio de 2012, el comprador comenzó a incumplir con los pagos «en todos y cada uno de los contratos», asegura el escrito, por lo que según lo previsto en la ley, se declaró el vencimiento anticipado de los contratos.

Ni pagó ni devolvió

En julio de 2013 la entidad financiera remitió un requerimiento notarial al empresario en el que le ofrecía dos opciones para saldar la deuda, el pago del importe vivo, algo más de 1,8 millones de euros, o la entrega de los 112 vehículos.

El administrador de la empresa no solo no pagó la deuda ni devolvió los coches, sino que los enajenó a un tercero, algo que estaba prohibido expresamente en los contratos.

La financiera le denunció y se celebró un primer juicio en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ibiza en 2014.

El acusado, E.E.L., no compareció, por lo que el juez estimó todas las pretensiones del demandante y condenó al administrador de BK a devolver los 112 vehículos, algo que nunca ocurrió. Por eso el caso ha llegado ahora a la Audiencia Provincial de Balears, donde la Fiscalía pide la pena señalada de dos años y medio de prisión, más una indemnización a la financiera de 1,8 millones de euros, el total de la cantidad adeudada, y una multa por el doble de la cantidad defraudada, además del pago de las costas del juicio.