Urbanismo en Ibiza: el proyecto de derribo de la mansión de Platges de Comte es "insuficiente»

El Ayuntamiento de Sant Josep ha rechazado el proyecto de demolición de las ilegalidades presentado por la propiedad de la mansión del multimillonario ruso Vladislav Doronin, situada en la finca denominada Can Xuruiana (Platges de Comte), por considerarlo "insuficiente".

Desde el Consistorio explicaron ayer que la obra de derribo incluida en la licencia denegada a la propiedad (Inversiones Rapa Nui 2012 SL) «se queda corta», esto es, no incluye todos los metros cuadrados y construcciones ilegales construidas en esta mansión.

Sant Josep recibe el proyecto de demolición de las obras ilegales de la mansión en Comte

«Lo que planteaban no tenía el alcance de lo que establecieron los técnicos del Ayuntamiento que debe tirarse». De hecho, la demolición propuesta «no cumple con la situación urbanística» de la mansión y además «no restablece el solar a la realidad» anterior de la comisión de las irregularidades.

«Querían volver a la licencia original, a los metros de entonces, pero eso ya no es posible; se ha desvirtuado tanto [la construcción] que ya no pueden volver a la casilla de salida», indicaron las mismas fuentes. «Básicamente, planteaban que la mansión, que a día de hoy tiene unas dimensiones, fruto de las demoliciones volviera a la situación de la licencia original, con los metros que tenía entonces».

Desde el equipo de gobierno apuntan que se mantiene, por lo tanto, la vía de la ejecución forzosa y subsidiaria de las ilegalidades por parte del Ayuntamiento, unas obras presupuestadas en 176.000 euros.

Se repite así la situación de Casa Lola. El Consistorio debe fijar ahora el día y la hora de entrada de los técnicos para que analicen la situación de la propiedad antes de proceder al derribo de las ilegalidades.

La decisión de proceder a la demolición forzosa la adoptó el Ayuntamiento tras desestimar, el pasado mes de junio, el recurso de reposición que presentaron ante la resolución del expediente de infracción.

infracción «muy grave»

Cabe recordar que las obras ejecutadas en la finca son consideradas una infracción urbanística «muy grave», por lo que se impuso una sanción de 1,1 millones a la propiedad y a la constructora de las obras ilegales (Estructura y Cimentaciones Ibiza SL), que suponen el 175% del valor de los trabajos.

Los antecedentes se remontan al mes de marzo del año 2014, cuando los servicios urbanísticos municipales detectaron obras realizadas en la vivienda que no cuentan con licencia: modificación de las instalaciones, sustitución de la pavimentación, saneamiento de vigas y colocación de impermeabilizaciones y revestimientos en la totalidad de la construcción (excediendo la zona de la parte legal y autorizada) y derribo del porche existente.

Terraza, fosa séptica...

En cuanto al exterior de la vivienda, se realizaron movimientos de tierras en la zona de acceso, la anulación de la fosa séptica existente y la construcción de una terraza, porche y pasarela elevada y de madera. Según el informe técnico municipal, se amplió la vivienda en una superficie aproximada de 225 metros cuadrados. La institución calculó que el presupuesto de ejecución de las obras en proceso ascendía a 626.220 euros, por lo que incoó un expediente de protección de la legalidad urbanística.

Ante esta situación, la propiedad presentó una solicitud de legalización de las ampliaciones ejecutadas, pero en agosto de ese año la Junta de Gobierno las denegó.

Por ello, se inició un expediente administrativo sancionador que se notificó a ambas partes, también a la constructora de las obras ilegales (Estructura y Cimentaciones Ibiza SL), a finales del mes de enero de 2015. Apenas tres semanas después, la propiedad y la constructora presentaron alegaciones y ya en marzo se abrió el periodo de prueba del expediente aceptando una tasación contradictoria en relación con la valoración de las obras ejecutadas y, acto seguido, el propietario pidió que se suspendiera la tramitación del expediente sancionador tras presentar una licencia de legalización de las obras.

Cuatro años después, concretamente en diciembre de 2019, el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Palma emitió una sentencia por la cual denegaba la legalización y ordenaba la reapertura del procedimiento administrativo suspendido.

https://www.diariodeibiza.es/ibiza/2022/12/12/sant-josep-recibe-proyecto-demolicion-79871704.html

Por esas fechas (2019), los técnicos de Sant Josep constataron que «la promotora [propiedad] habían continuado ejecutando obras de tal manera que habían desvirtuado, totalmente, la vivienda existente. En consecuencia, en la parcela se ubica una vivienda de nueva construcción (con porche, pérgolas, piscina y terraza, entre otras)».

Ya en enero de 2020, el Ayuntamiento dictó una propuesta de resolución del expediente sancionador ante la cual de nuevo el propietario presentó alegaciones y, además, solicitó «la necesaria suspensión de la tramitación del expediente», al haber presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia contra la sentencia dictada por el Contencioso Administrativo 2 de Palma.

Se suspende la tramitación del expediente en marzo hasta que se resuelva el recurso de apelación interpuesto ante el TSJ. Eso sucede ya a finales de diciembre de 2020, cuando Sant Josep recibe la sentencia firme que falla en favor del Ayuntamiento.

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