El Consell de Ibiza rechaza personarse en el caso ‘La vida Islados’ al no haber sufrido ningún perjuicio

El equipo de gobierno rehúsa que el Consell de Ibiza se persone, como institución afectada, en la causa judicial de ‘La vida Islados’ después de que el secretario general haya emitido un informe en el que concluye que la tramitación de la campaña de promoción turística por la vía de emergencia durante el estado de alarma por el covid, fue «ajustada a Derecho» y, por tanto, no provocó perjuicio alguno, tampoco económico, a la Corporación.

A mediados del mes pasado, el Consell recibió una citación del Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza para comparecer en calidad de perjudicado con la finalidad de llevar a cabo ofrecimiento de acciones, con el derecho a nombrar abogado y la posibilidad de que el Ministerio Fiscal ejercitase, en su nombre, las correspondientes acciones civiles.

La interventora del Consell de Ibiza acusa al presidente Marí de coacciones en la causa de ‘La vida Islados’

También recibió este ofrecimiento de acciones la interventora de la institución, que, tal como adelantó este diario, actuará como acusación particular. El exfiscal anticorrupción Pedro Horrach defiende a la funcionaria, que considera que el presidente, Vicent Marí, podría haber incurrido, presuntamente, en un delito de coacciones. Marí está imputado en la causa, a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Balears, por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacción en la contratación de la empresa Fuera de Escena Ibiza para rodar y producir el anuncio de esta campaña de promoción turística durante el primer verano de la pandemia.

Un representante del grupo socialista del Consell pudo ayer consultar el expediente con los documentos remitidos por el juzgado a la institución y en los que no figura la querella de la Fiscalía Anticorrupción. A raíz de la citación del juzgado con el ofrecimiento de acciones en calidad de perjudicado, el vicepresidente primero, Mariano Juan, solicitó al secretario general del Consell un informe sobre este asunto.

Informe del secretario

El secretario considera que, en este caso, según ha podido saber este diario, no concurre la condición de perjudicado por parte del Consell porque, tras revisar el expediente de ‘La vida Islados’, concluye que se ajusta a lo que marca la ley y se justifica la vía de contratación escogida. Por ello, el secretario concluye que la institución no ha sufrido perjuicio alguno y, en consecuencia, no corresponde que la institución insular ejerza la acción penal en esta causa.

Un portavoz del Consell señala que la institución no ha recibido la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción (sólo las partes personadas, o sea el presidente y la interventora). La fuente consultada señala que, con base en lo que explican los servicios jurídicos de la institución, el Consell sólo ha recibido el ofrecimiento de acciones como perjudicado, sin trasladarle el contenido de la querella.

Así, el informe del secretario de la Corporación se basa exclusivamente en la tramitación administrativa de la contratación de Fuera de Escena por la vía de emergencia, sin conocer los argumentos que esgrime la Fiscalía en su querella.

El portavoz señala que el Consell ha respondido en el juzgado que, según el informe del secretario, «el trabajo se hizo y el pago (164.257 euros) era procedente», por lo que la institución no ha sufrido ningún perjuicio económico. Además, indica que, con el informe del secretario, ya son tres «los altos funcionarios» de la institución que avalan que la campaña se contratara por la vía de emergencia por el covid.

Discrepancia entre técnicos

Intervención, el órgano de fiscalización y control económico de la institución, se opuso a la forma en que se contrató la campaña al considerar que «una campaña extraordinaria de promoción turística no se halla dentro de las medidas de protección a las personas ni de las demás medidas adoptadas por el Consejo de Ministros» por la pandemia, y que la emergencia debería haberse tramitado según la Ley de Contrataciones del Sector Público.

El presidente levantó la oposición de la entonces viceinterventora con un informe de la jefa de Servicio de Presidencia, que concluía que la ley de contratos permitía esta posibilidad, la cual, además, estaba justificada por las «severas» consecuencias de la pandemia sobre el sector turístico. El secretario accidental también confirmó la legalidad de la fórmula escogida por Marí, según el portavoz de la institución.

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