El Ayuntamiento de Santa Eulària aprobó una nueva Ordenanza Municipal sobre Tenencia, Protección y Bienestar de Animales con la que se obliga a los propietarios de perros del municipio a identificar a sus mascotas mediante un análisis de ADN. El objetivo de esta decisión es evitar que algunos ciudadanos incívicos dejen en la calle los excrementos de sus perros. Sin embargo, desde la delegación de Baleares de la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE), consideran que es una "inversión inútil" ya que la cadena de custodia es muy débil, aseguran, y resulta muy difícil demostrar de manera legal si "las deposiciones abandonadas de las que deriva la sanción, vengan del propietario del animal o que hayan sido devueltas a la vía pública por un tercero, sin ahondar en los motivos de esta segunda actuación". Desde CEVE Baleares aseguran que en el 99% de los casos, la resolución sería favorable para el propietario, por lo que esta medida da " la sensación real de que se está tirando el dinero del contribuyente".
El presidente de CEVE Baleares, Andreu Oliver, lamenta que "una vez más" no se haya tenido en cuenta a los veterinarios a la hora de valorar la conveniencia de esta medida. "Una vez tras otra se repite esta situación, lo que indica que las intenciones a la hora de generar normativa siguen pasando por obviar nuestra presencia como interlocutores sociales", ha criticado Oliver. En relación a la normativa en cuestión, el presidente de CEVE Baleares ha remarcado que consideran "de gravedad los errores que de base presenta dicha ordenanza, los cuáles han sido destacados y acompañados de nuevas propuestas de redacción en un documento enviado al Ayuntamiento de Santa Eulària". Sin embargo, añade, desde el Consistorio se negaron tener en cuenta sus propuestas.
Para Oliver esta nueva ordenanza es "claramente discriminatoria, innecesaria y desproporcionada, afectando directamente a ciudadanos del municipio que cumplen con las obligaciones, ya que quienes las incumplen, seguirán haciéndolo". Además, cualquier propietario de fuera del municipio o de la isla que abandone los excrementos de sus perro en las calles de Santa Eulària, no podrá ser sancionado.
CEVE Baleares propone invertir los recursos económicos públicos en campañas cívicas de concienciación y cambio de cultura social, algo "mucho más eficiente" que campañas de penalización que requerirían de la presencia de más de un profesional, público y privado, para que la recogida de muestras cumpliese con las necesidades funcionales y legales, detallan.
"No sería la primera, ni creemos que sea la última vez, que una decisión pública en materia de normativa se ve influenciada por las ansias comerciales de una empresa privada", afirma Oliver, que cree que la norma está "muy alejada de un objetivo real de solución del problema".
Los datos
Para ejemplificar la poca eficacia de este tipo de normativas, desde CEVE Baleares aportan los datos extraídos del medio Málaga Hoy, donde existe una normativa similar desde 2017. En agosto de 2021, según los datos que facilita CEVE Baleares, el Málaga había 152.138 perros, pero solo 37.382 estaban censados por ADN, un 24,56%. A mediados de ese año, explican, se analizaron muestras de casi 1.000 perros, es decir, de menos del 0,07% de la población canina total. De estas, continúan, solo pudieron proponerse 103 sanciones, "un 10% aproximadamente del total de muestras analizadas".
"Este municipio [Santa Eulària], como tantos otros, recibe muchas visitas tanto de turistas como de ciudadanos de municipios colindantes, por lo que los perros que los acompañan no van a estar censados y va a existir de facto una imposición que afectará únicamente a los ciudadanos de este municipio, a los que se les impondrá una carga económica extra que además no servirá prácticamente para nada, porque, como se ha visto en otros sitios, al final esta medida la cumplirán sólo aquellos que, precisamente, ya cumplen con las demás obligaciones de una tenencia responsable, la identificación con microchip y la retirada de los excrementos de la vía pública", recalca Oliver. Por este motivo, añade, los veterinarios de este municipio "han decidido no participar en la identificación de los perros mediante el ADN, a pesar de que ello suponga reducir sus potenciales ingresos".
