El presidente del Consell de Ibiza,Vicent Marí, advierte de que la institución no aceptará el traspaso de la gestión y el control urbanístico en la zona de servidumbre de protección del litoral en rústico, ahora en manos de la Comunitat Autònoma, si no se dota a la institución con los «recursos necesarios para prestar el servicio en condiciones»; es decir, el trabajo de ordenación, elaboración de informes, inspección y sanción.
Relacionadas
Así lo aseguró ayer Marí tras la quinta conferencia de presidentes del Govern balear y los consells de esta legislatura, en la que se acordó iniciar los trámites para traspasar esta competencia a las cuatro instituciones insulares. Actualmente, el Consell de Ibiza ya tiene la competencia de la zona de servidumbre de protección, pero en suelo urbano. Se trata, sea en rústico o urbano, de la segunda línea de protección de la costa por detrás de la zona de dominio público marítimo terrestre que gestiona la Demarcación de Costas, dependiente del Estado.
Precisamente, la presidenta del Govern balear,Francina Armengol, aseguró que la Comunitat Autònoma sigue «negociando» con el Gobierno central el traspaso de la gestión de Costas. «Esperamos que llegue más pronto que tarde a las islas y la podamos compartir con los consells», recalcó.
En cuanto al traspaso de la gestión de la servidumbre de protección en rústico a los consells, Armengol confía en que se pueda cerrar «en pocos meses». «Es un avance y una buena noticia», afirmó el presidente del Consell, que, no obstante, insiste en que para evaluar la dotación económica o en recursos de esta competencia se tiene que calcular «bien la carga de trabajo» que genera «en cada isla».
Y no es una cuestión baladí si se tiene en cuenta que, tal como publicó recientemente este diario, Ibiza concentra algo más de la mitad del número de expedientes de infracción urbanística (54 de 101) que el Govern ha iniciado esta legislatura en esta franja de la costa, con la circunstancia, además, de que el coste de las sanciones supone el 76% del total de Balears (1,5 millones de euros sobre casi dos millones).
Mientras en Mallorca la cuantía media de las multas se sitúa en 9.000 euros, en Ibiza se acerca a los 30.000 euros porque las obras ilegales detectadas se corresponden a ampliaciones considerables de villas y chalés. La conselleria balear de Medio Ambiente sólo cuenta con un celador en Ibiza para controlar esta parte del litoral.
En la negociación con el Govern, el Consell de Ibiza defenderá que no sólo se tenga en cuenta la extensión de la zona de servidumbre de protección de Costas en rústico de cada isla, sino también la carga de trabajo que genera, a la hora de determinar la dotación económica del traspaso.
La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, calificó de «positiva» la propuesta del Ejecutivo autónomo, pero también indicó que defenderá que «esta competencia llegue con los medios y la dotación económica adecuada».
Vicent Marí pide una rebaja de impuestos
Por otra parte, el presidente del Consell de Ibiza también traslado a Francina Armengol la necesidad de que el Govern balear «baje el IRPF en el tramo autonómico», con la finalidad de que «los ciudadanos puedan disponer de una mayor liquidez ante un invierno que, por culpa de la guerra en Ucrania, se prevé complicado pese a que el balance de esta temporada turística haya sido bueno».
En declaraciones a los medios, Armengol se refirió al debate sobre la eliminación del impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía y defendió «una política fiscal justa y redistributiva en la que pague más el que más tiene». También destacó que, en el sistema de financiación autonómico, Balears es una comunidad «claramente aportadora», cuando otras son receptoras. «No es justo que éstas quiten impuestos a costa de lo que pagamos las islas. Debería haber un mínimo pactado», subrayó.