La conselleria balear de Medio Ambiente y Territorio ha abierto en este mandato un total de 101 expedientes de infracción urbanística, con propuesta de sanción, por un valor total de 1,9 millones de euros. En Ibiza se han iniciado 54 procedimientos sancionadores, un 53% del total, con una cuantía en multas valorada en 1,5 millones, lo que supone el 76,5% del conjunto del archipiélago balear.
Se trata del incumplimiento de la Ley de Costas, en concreto de infracciones urbanísticas cometidas en zona de servidumbre de protección de suelo rústico, porque el mismo ámbito en urbano es competencia del Consell de Ibiza.
La directora general de Territorio y Paisaje, Magdalena Pons, reconoce que llama la atención la proporción del número de expedientes de infracción abiertos en Ibiza, más de la mitad de Balears, «si se tiene en cuenta su extensión» en comparación con Mallorca. Además, la cuantía de las sanciones se sitúa muy por encima de las impuestas en el resto de las islas no sólo en el total sino también en la media por cada expediente.
Así, mientras que en Mallorca no se alcanzan los 9.000 euros de media por expediente, en Ibiza se sitúa cerca de los 30.000 euros. Hay que tener en cuenta que el importe de las multas se corresponde con el 25% del presupuesto de las obras ilegales. «En Ibiza es más potente», indica Pons, que explica que las obras ilegales detectadas en Ibiza acostumbran a ser reformas y ampliaciones en chalés que se utilizan como residencia secundarias o se explotan turísticamente con inversiones «muy importantes», que es lo que aumenta el valor de las sanciones.
Del total de 1,9 millones de euros en sanciones que la conselleria de Medio Ambiente y Territorio tramita en el conjunto de Balears, la Comunitat Autònoma ya está en disposición de cobrar un millón de euros tras cerrarse el procedimiento. En el caso de Ibiza, el Govern balear ya puede cobrar poco más de la mitad; en concreto, 775.000 euros del total de 1,5 millones.
Precisamente, la Comunitat Autònoma ya ha ingresado la multa de 320.000 euros que se aprobó definitivamente por el Consell de Govern (por superar la cuantía de 150.000 euros) a finales del pasado mes de abril por la reforma integral de dos viviendas y un almacén, la construcción de una piscina, cámara de máquinas y una pérgola, además de otras obras en el exterior sin autorización ni declaración responsable en zona de servidumbre de protección de costas en Porroig, en Sant Josep. Como se ha apuntado, la cuantía de la sanción se corresponde al 25% del presupuesto de las obras, que ascendía a 1,2 millones de euros, lo que evidencia la magnitud de la reforma ilegal.
En este caso, el promotor ha asumido el pago de la sanción, pero no la orden de derribo de las obras (el restablecimiento de la legalidad), con la presentación de un recurso en la propia administración y que seguramente acabará en un contencioso judicial.
Dos casos en Fiscalía
Aparte hay otros dos expedientes importantes en Ibiza (uno de una vivienda en la zona de es Amunts, en Sant Joan, y otro de Sant Antoni) que desde hace cerca de dos años están paralizados porque, al entender que las infracciones cometidas podían ser constitutivas de un delito contra el medio ambiente y la ordenación del territorio, la conselleria lo remitió a la Fiscalía. En el caso de la vivienda de Sant Antoni se ha ampliado más del 50% la casa y en el de la de Sant Joan se ha construido un sótano «inmenso» sin licencia.
La conselleria de Medio Ambiente cuenta con sólo un celador en Ibiza para vigilar la zona de servidumbre de protección de Costas en rústico, pero también se reciben denuncias de las administraciones locales y agentes de medio ambiente. Pons considera que el control de este ámbito debería ser traspasado al Consell de Ibiza. «Quedó pendiente en su día y el Estatut d’Autonomia lo prevé», apunta.
‘Boom’ de obras ilegales durante el confinamiento
El celador de la conselleria balear de Medio Ambiente detectó un boom de obras ilegales en zona de servidumbre de protección de Costas durante los meses del confinamiento por la pandemia del covid en 2020. En la última semana de abril de ese año en dos rondas de inspección, el celador contabilizó hasta nueve posibles obras ilegales en Sant Josep y Santa Eulària. Al final, de los 54 expedientes abiertos en este mandato, en 2020 se iniciaron 20, cinco más que en el año anterior (15). El año pasado se instruyeron 16 y, por ahora en 2022, tres.
