El Ayuntamiento de Ibiza ha detectado un total de 230 viviendas que se explotan turísticamente, pese a que esta actividad está prohibida en bloques de plurifamiliares, y 546 que están vacías tras preguntar, puerta a puerta, a los propietarios o inquilinos de algo más de 17.800 viviendas, el 75% del padrón municipal. Un centenar de pisos turísticos supuestamente ilegales se han hallado este verano, según informó ayer el Consistorio.
Trece encuestadores de la Fundación Universitat-Empresa de les Illes Balears, contratada por el Ayuntamiento, acumulan ya 20 semanas de trabajo de campo para revisar el padrón municipal y crear un censo de viviendas del municipio. Con un año de duración, este proyecto tiene un coste de cerca de medio millón de euros. El objetivo es conocer la situación del parque de viviendas de la ciudad, que se sitúa en 23.759 viviendas.
El Consistorio ha trasladado al Consell un listado con la dirección de los pisos que se explotan turísticamente para que el servicio de inspección pueda visitar los inmuebles y abrir el correspondiente expediente sancionador, según informó ayer el Ayuntamiento. «Estas 230 viviendas tendrían que estar en manos de las personas que quieren vivir aquí todo el año», afirmó el concejal de Vivienda, Aitor Morrás, de Unidas Podemos.
«No son inspectores»
En declaraciones a este diario, Morrás puntualizó que, con este trabajo de campo, el Ayuntamiento no ejerce de «inspector turístico ni se recaban pruebas» de las supuestas ilegalidades. Se trata de «una constatación de la situación de la vivienda» según las respuestas que el propietario o el inquilino proporciona al encuestador sobre el uso del inmueble, el régimen de tenencia y el precio del alquiler o la hipoteca, entre otras cosas. También se comprueba el número de personas que viven en el domicilio y si coinciden con las que están empadronadas.
«La labor de comprobación e inspección real, así como de sanción, corresponde al Consell. No pretendemos ejercer ninguna acción coercitiva, sino ayudar con la información que se obtiene a que estas viviendas pasen atener un uso residencial, y no turístico», indica Morrás, en referencia a que «la ley de estancias turísticas prevé la condonación de hasta el 80% de la sanción que se imponga (puede alcanzar un máximo de 40.000 euros) en el caso de que el piso pase a alquilarse todo el año».
El Consell de Ibiza ya ha iniciado algo más de una veintena de expedientes de sanción con el primer listado con 129 viviendas turísticas que a principios de verano le trasladó el Ayuntamiento. Algunos ya se habían iniciado antes, puntualiza el vicepresidente primero de la institución insular, Mariano Juan, del PP. «Cualquier ayuda es buena. Estoy contento de que Vila se haya sumado a esto, que también hacen los ayuntamientos de Sant Josep y Santa Eulària», indica, para explicar acto seguido que Sant Josep y Santa Eulària aportan «un acta policial» que da «fe de la veracidad» de los datos que se aportan, como «la identificación del turista y la persona que le ha alquilado el inmueble, fotos, la reserva, el contrato de alquiler o el anuncio publicitario en redes. «Todo esto nos sirve para tirar del hilo. No es lo mismo que enviar un listado de direcciones», apunta Juan.
El Consell pide pruebas
De hecho, a mediados de julio, cuando el Ayuntamiento le remitió el primer listado de supuestas viviendas turísticas, el Consell le envió un escrito en el que le solicitaba «la remisión de la documentación acreditativa de la existencia de la comercialización turística de las viviendas» denunciadas, como «publicidad turística, comprobantes de reservas de alojamiento, facturas y pagos del periodo de estancia», entre otra. Pero no han obtenido respuesta.
«Con el listado que recibimos, los inspectores tienen que empezar a tocar puertas, lo que supone duplicar el trabajo», señala Juan. También ha comprobado el servicio de inspección del Consell que en «una decena de casos», como Vila «no comprueba nada», la actividad turística estaba autorizada con la correspondiente licencia. «Podemos aspirar a un poco más, pero bienvenido sea», añade Juan.
Morrás insiste en que los encuestadores «no son una autoridad pública» y «no pueden recabar pruebas, sólo la constancia de la situación». En algunos bloques de viviendas del Paseo Marítimo y Platja d’en Bossa, los porteros o administradores han impedido la entrada a los encuestadores sin una orden judicial. En estos casos, agentes de la Policía Local les acompañan, al menos para acceder a las zonas comunes.
Movilizar los pisos turísticos o vacíos para «no construir»
Sobre las críticas de los grupos ecologistas a la nueva promoción de 532 viviendas sociales de Ca n’Escandell, el concejal de Vivienda de Vila, Aitor Morrás, asume que «se han de movilizar las viviendas de uso turístico ilegal y las que están vacías para evitar al máximo nuevas construcciones». «Hay que dedicar el máximo esfuerzo a ello», recalca. Dicho esto, Morrás destaca que el proyecto de Ca n’Escandell «hace falta» para «la gente que reside aquí y paga precios sobredimensionados» para acceder a una vivienda.
