El Consell de Ibiza se propone aprobar un reglamento que regule el sector del taxi con una licencia insular, al margen y compatible con la municipal que otorgan los ayuntamientos, y que el servicio de atención de llamadas por GPS pase a ser de gestión pública. «Los ayuntamientos no perderían ninguna competencia, pero se añadiría otra licencia insular», explica el vicepresidente segundo y responsable del departamento de Transportes, Javier Torres.
El conseller de Ciudadanos descarta ahora la creación de un área de prestación conjunta en la isla por las reticencias de los ayuntamientos, que se oponen a ceder competencias en este ámbito. De todos modos, aunque no esté regulado como tal, el servicio del taxi en Ibiza funciona de hecho como un área de prestación conjunta, aunque los taxistas de Sant Josep mantienen la prioridad, por ejemplo, en el aeropuerto, la parada que genera más actividad al sector en verano.
El Consell ha encargado un dictamen jurídico a dos catedráticos de la Universidad de Oviedo que avala esta opción, pero que Torres también desecha porque supondría la creación «un organismo específico» para gestionarlo, cuando la institución está «muy justa de personal». «Es una opción legal, pero creo que nadie la quiere. Se puede plantear pero no creo que sea esa la vía», agrega.
Vehículos de siete plazas
Tras haberse aprobado la nueva orden insular de carga, el Consell pretende aprobar un reglamento que contemple la licencia insular, obligatoria para todos los taxistas que quieran cubrir servicios interurbanos. Además de introducir en este reglamento las condiciones de la orden de carga y descarga, Torres prevé regular también la concesión de permisos de vehículos de siete plazas y la puesta en marcha de un servicio público de GPS, entre otras cuestiones, como la inclusión de «un régimen sancionador más ágil automatizado».
También se regularían en este reglamento las licencias estacionales. Hay que tener en cuenta que los taxis que sólo funcionan durante la temporada turística no cuentan con licencia estatal ni autonómica y, por tanto, sin una autorización expresa del Consell, no podrían cubrir servicios interurbanos. Torres indica que la concesión de este tipo de permisos temporales está recogido por la ley y que la institución insular «autoriza» cada año las propuestas que les presentan los ayuntamientos sin poner ninguna objeción, aunque podrían.
En suma, Torres destaca que el nuevo reglamento «habilitaría determinadas herramientas para que las administraciones tengan un mayor control» sobre el servicio del taxi, como el GPS. «Que no esté gestionado por una asociación [la Federación Insular del Taxi], sino por una Administración. Es muy importante. La nueva orden de carga garantiza, por ley, el acceso completo al sistema del GPS, pero es privado», subraya.
Consenso con los municipios
El vicepresidente segundo matiza que este reglamento «se consensuará» con los ayuntamientos. También «se dialogará» con el sector, aunque éste, admite, sea «inicialmente reticente con algunas cuestiones sensibles». Torres plantea adelantar «un borrador de la propuesta de reglamento en un consell sectorial antes de que se acabe este mandato».
«Creo que se puede tener algo ya iniciado. Llegar al próximo verano con el reglamento aprobado es muy difícil, porque se requieren informes preceptivos de otras administraciones, alegaciones...», reconoce Torres, que recuerda, además, que la nueva orden de carga se empezó a negociar con los ayuntamientos en diciembre de 2019 y el acuerdo se cerró en septiembre de 2020. «Estos procesos requieren su tiempo. Se ha de hacer bien», recalca.
«Sin la nueva orden insular, la situación sería peor»
El vicepresidente segundo, Javier Torres, asegura estar «muy satisfecho» con los resultados de la nueva orden insular de carga del taxi, pese a «las resistencias» del propio sector. «Desde muchos ámbitos del sector reconocen que se ha mejorado la atención y agilizado la carga, aunque se vean colas», afirma Torres, que agrega: «Con la demanda actual, si la normativa no se hubiera actualizado, la situación sería peor». Con respecto a la orden anterior, se ha limitado la velocidad a un máximo de 110 km/h y se ha eliminado la prioridad de los taxistas de un municipio en una parada cuando hay cola.
