Todo el historial de incumplimientos de la legislación cometidos por Casa Lola, tanto en materia urbanística como de actividad turística, se repite en otras propiedades de la misma empresaria, Francisca Sánchez Ordóñez, Paquita Marsan, que se enfrenta a varios procedimientos de embargo por todas las deudas acumuladas con el Ayuntamiento de Sant Josep. Casa Paola y Casa Rocío, además de Casa Lola, están en trámites de quedar embargadas por el Ayuntamiento de Sant Josep y podrían acabar en subasta pública si, como hasta el momento, la propietaria sigue esquivando el pago de las sanciones, según indicó ayer un portavoz municipal.
Con este procedimiento de embargo también se garantiza que, en caso de intentar vender las propiedades, los compradores interesados sepan que cuentan con una deuda con la Administración pública que deberá saldarse. Como estas fincas cuentan con diferentes expedientes abiertos, Sant Josep aún no puede detallar la suma total que puede adeudar Sánchez a las arcas municipales con sus sociedades. De momento, la multa más cuantiosa será consecuencia de las obras ilegales en Casa Lola y los incumplimientos a las órdenes de demolición dictadas por el Ayuntamiento. En esta caso, la propuesta de sanción de Sant Josep es de 1,4 millones de euros, a lo que habrá sumar los costes de los trabajos de demolición, que fueron adjudicados por unos 250.000 euros.
Derribo de Casa Paola
Las noticias que ha generado Casa Paola desde que empezó a construirse son prácticamente idénticas a las de Casa Lola, que se encuentra en una finca vecina. Se da la circunstancia de que Sánchez inició este complejo turístico ilegal poco después de salir de prisión, donde cumplió 10 meses de una condena de dos años por defraudar 867.469 euros a la Hacienda Pública.
En octubre de 2016, los vecinos de la zona denunciaron que en estos terrenos, junto a la carretera de es Cubells, se estaban levantando numerosas construcciones que superaban ampliamente la licencia con la que contaban, que solo permitía una vivienda. Así, acabó levantando, en ese momento, una edificación de 170 metros cuadrados de superficie y cuatro de altura, otra casa anexa de 50 metros, unas piscina de 100 metros cuadrados, así como distintos bancales y movimientos de tierra.
El Ayuntamiento de Sant Josep interpuso una multa de 341.000 euros por las obras ilegales en Casa Paola
Casa Paola fue precintada, pero fue vulnerado por la propiedad. Por estas obras ilegales, el Ayuntamiento de Sant Josep interpuso una multa de 341.000 euros a la promotora, Hotelera Faro S.L. una de las sociedades que comparte Francisca Sánchez con su hija. Además, Sant Josep interpuso en 2018 una orden de demolición de todas las irregularidades en este complejo, que la propiedad sigue ignorando hasta el momento.
Cabe tener en cuenta que, en el caso de Casa Lola, las dos órdenes de derribo se remontan a 2011 y 2013 y la Justicia no concedió hasta este mes de julio la autorización para que Sant Josep pudiera llevarlo a cabo de manera subsidiaria.
Casa Rocío
Otra mansión de Sánchez objeto de polémica es Casa Rocío, la primera que saltó a la fama porque José María Aznar pasó en ella varias vacaciones estivales siendo presidente del Gobierno. Este complejo se encuentra cerca de sa Caleta y, al igual que Casa Lola, la policía ha tenido que acudir en varias ocasiones para intentar parar fiestas ilegales.
A principios de octubre del año pasado, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), detectó las obras ilegales de nuevos alojamientos en Casa Rocío, por lo que Sant Josep tuvo que emitir otro decreto de paralización. Este complejo, que cuenta con 13 suites de lujo, ya había sido objeto de un expediente de infracción urbanística por parte de Sant Josep por construirse otra habitación sin licencia y la pavimentación del camino de entrada.
Paquita Sánchez rehabilitó un almacén como chalé en zona marítimo terrestre
Se da la circunstancia de que a pocos metros de esta finca, en la cala de sa Punta d’en Toni Fita, conocida también como Cova de ses Dones, Sánchez convirtió un viejo almacén en todo un chalé, dentro de la zona marítimo terrestre, a escasos pasos del mar. Esta nueva infracción motivó otra orden de derribo, en esta caso de la Demarcación de Costas, dependiente del Gobierno central, también ignorada hasta el momento.
Las infracciones no se quedan en los negocios residenciales, ya que Francisca Sánchez también adquirió el club nocturno KM5 tras su cierre en 2019. El Ayuntamiento ya ha tenido que intervenir en dos ocasiones para intentar paralizar las obras de reforma, ejecutadas sin autorización, en julio de 2020 y, a pesar de que estaban precintadas, de nuevo en febrero del año pasado.
