La Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil) ha pedido este miércoles al Gobierno que facilite alojamiento a 187 guardias civiles en prácticas en Baleares, gestionando con las administraciones insulares el acceso a inmuebles públicos, ante la escasa y cara oferta de vivienda en alquiler.
La entidad ha advertido en un comunicado de que las futuras incorporaciones a las islas superarán los 187 agentes, que se enfrentarán "a la odisea de encontrar residencia, justo cuando con la llegada del verano los precios de los alquileres se disparan por la gran demanda turística, sobre todo en Ibiza y Menorca".
Jucil ha solicitado por escrito a la Dirección General de la Guardia Civil que busque soluciones y facilite el acceso a la vivienda a esos guardias en prácticas que estos días se incorporarán a su primer destino en Baleares.
El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, ha advertido en el escrito dirigido a la directora general, María Gámez, del "grave conflicto" para encontrar vivienda que afrontarán "los alumnos próximos a salir desde la Academia de Baeza hacia sus primeros destinos en prácticas, especialmente en Baleares".
Pide "que se adopten urgentemente las medidas oportunas para dotar al personal de prácticas de un mejor acceso a la vivienda" para evitar la "zozobra" de que tengan que incorporarse obligatoriamente a sus destinos sin tener donde residir.
Vilariño pone como ejemplo en su escrito que "la vivienda media en las Islas Baleares, en época de verano ronda entre 1.500 y 2.000 euros la residencia más económica, cantidad que en ocasiones aumenta hasta el doble de dicho precio".
"Gran desigualdad"
Denuncia que los guardias en prácticas en Baleares se ven sometidos "a una gran desigualdad" frente al resto de compañeros en otros destinos en la Península. "Más si tenemos en cuenta que estos compañeros perciben bajos ingresos al ser reciente su incorporación al Cuerpo" y además "carecen de suficientes ahorros para afrontar los altos precios del mercado inmobiliario insular", argumenta Jucil.
Se añade a lo anterior que el paso en prácticas por las islas es temporal y, cuando consigan encontrar residencia, "al poco tiempo, tendrán que abandonarla y perderán ese gasto asumido".
"Debería existir un amparo real en estos guardias que con ilusión comienzan su carrera profesional" ha precisado el secretario provincial de Jucil en Baleares, Tomás Quesada.
Proponen "el acondicionamiento de lugares públicos", que contrarreste la falta de oferta inmobiliaria en las islas y "algún tipo de compensación o complemento singular que afronte la repercusión negativa que supone en el patrimonio del guardia en prácticas a la hora de encontrar residencia".
