El vicepresidente segundo del Consell de Ibiza, Javier Torres, culpa al Govern balear de «la pérdida de un año y medio» para tramitar la nueva orden insular de carga y descarga del taxi y reclama que, para que sea factible antes del verano, se haga por la vía directa del decreto-ley. En una rueda de prensa para analizar el dictamen del Consell Consultiu, que concluye que es al Govern, y no al Consell, al que le corresponde tramitar la nueva orden insular de carga y descarga, Torres criticó a la conselleria balear de Movilidad que dirige el ibicenco Josep Marí Ribas por haber «pasteleado desde el primer día», cuando estaba «clarísimo» que le tocaba a la Comunitat Autònoma.
«Se ha perdido un tiempo que es oro», subrayó Torres, al tiempo que recordó que la propuesta de orden insular de carga consensuada con los ayuntamientos y el sector del taxi se entregó al Govern para su tramitación el 11 de marzo del año pasado, pero ya se hablaba de ello desde principios de 2020, precisamente cuando el Ayuntamiento de Ibiza advirtió a la Asociación de Taxis Autónomos de la Ciudad de Ibiza de que no podían seguir prestando servicios de GPS a taxistas de otros municipios porque incumplían el reglamento municipal.
Torres afirma que ahora el Consell no puede modificar las tarifas porque habría que duplicarlas, pero parte del sector lo niega
De hecho, la propuesta de orden de carga y descarga regula por primera vez el uso del GPS a nivel insular, con lo cual, si ya estuviera aprobada, no habría el conflicto actual de Vila con la asociación mayoritaria de taxistas. «No habría pasado si el Govern balear hubiera hecho los deberes».
Modificación de las tarifas
Además de regular las condiciones del servicio de los taxistas cuando recogen viajes en otros municipios, entre otras cosas, la propuesta de orden insular de carga también incluye la actualización al alza de las tarifas, que no se modifican desde 2014. «Después de la pandemia, de la guerra en Ucrania y la situación de Vila que ha explotado se tiene que actuar de urgencia», resaltó Torres para justificar la necesidad de que el Govern apruebe la reglamentación del taxi insular por la vía del decreto-ley.
Acto seguido, el vicepresidente segundo reconoció que esta no es la manera más adecuada porque se elimina el trámite de participación pública y supone «dar rango de ley a un reglamento». «No es lo que nos gusta, pero el Govern debería haber hecho los deberes cuando tocaba. Ahora esta es la única herramienta que tenemos para que la orden esté aprobada antes del verano». El Consell Consultiu concluye que el Govern tiene la potestad de aprobar con un reglamento la orden de carga, lo cual puede tardar al menos ocho meses, según Torres.
El vicepresidente aseguró a este diario que el presidente del Consell, Vicent Marí, ya ha mantenido contactos con el Govern y que este ha respondido que «está dispuesto» a aprobar mediante un decreto la nueva orden insular del taxi. Hay que tener en cuenta que hace meses, Ciudadanos, el partido de Torres, planteó esta vía en el Parlament pero se descartó. Una portavoz de la conselleria balear de Movilidad aseguró ayer a este diario que «no hay ningún compromiso sobre la mesa», sólo la celebración de la «reunión urgente» anunciada el sábado con instituciones y el sector para cerrar un acuerdo. Precisamente, Torres cargó también contra Marí Ribas porque desde que anunció la reunión urgente aún está esperando que le llame.
El Govern afirma que no hay un compromiso para aprobar un decreto a la espera de «la reunión urgente» anunciada por el conseller Marí Ribas
El dictamen del Consultiu concluye que el Consell puede modificar directamente las tarifas. Sin embargo, Torres explicó que no se puede hacer sin una nueva orden insular de carga, ya que la que actualmente está en vigor, la de 2012 (después de la anulación de la de 2013 por los tribunales), obligaría «a multiplicar por dos las tarifas, y sería una barbaridad».
El cobro del viaje de retorno
El vicepresidente segundo se basa en que la orden de 2012, la que está en vigor, impide el cobro del viaje de retorno: en el caso de que un taxi conduzca a un viajero a Sant Antoni y este quiera volver con el mismo taxi, sólo le debería cobrar la ida más el tiempo de espera.
En 2013 se eliminó esta posibilidad con la nueva orden insular de carga, pero, en contra de lo que dijo el conseller, si se aplicara en verdad la orden de 2012 no se debería multiplicar por dos el coste de la carrera, ya que, en realidad, tanto ahora como hace 10 años las tarifas ya contemplaban el retorno. Pero en 2012 no se podía cobrar, porque así lo dictaba la orden, y ahora sí.
Así, no tiene sentido que Torres afirmara ayer que para actualizar las tarifas, al amparo de la orden de 2012, se tuviera que duplicar el coste del servicio, según apuntaron fuentes del sector del taxi. Es más, no afectaría a los ciudadanos, sino todo lo contrario. Serían los taxistas los que deberían dejar de percibir este ingreso en el caso de que haya viaje de retorno. De hecho, en 2013, se cambió a la carrera la orden aprobada un año antes para eliminar este beneficio para los usuarios.
La orden de 2013 fue derogada por los tribunales. Sin embargo, el Consell defiende que no se prohíba el cobro del viaje de retorno porque aunque la orden de 2012 sea la que está en vigor, la sentencia dejó viva la actualización de las tarifas de 2014, amparadas en la orden anulada de 2013. Sin embargo, la Asociación de Taxistas Profesionales de Ibiza, que es minoritaria, defiende que no se puede cobrar.
