El juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm investiga una presunta trama rusa de blanqueo de dinero del crimen organizado que afecta a agentes de la Guardia Civil y políticos del municipio alicantino de Altea.
Entre las presuntas operaciones de blanqueo se encuentra el envío de algo más de 800.000 euros a una sociedad para la apertura en Ibiza del restaurante Avocado Queen, en Vila, según los investigadores.
Dicho dinero enviado por los socios de la firma «presuntamente tienen origen ilícito procedente de actividades relacionadas con el crimen organizado ruso».
La magistrada encargada de la investigación ha archivado el caso para la asesora fiscal y contable de esta sociedad en Ibiza al estimar que no hay indicios de que conociera la actividad ilícita de los implicados ni el origen criminal de los fondos ingresados en la sociedad. También descarta que asesorara a la trama para eludir los controles contra el blanqueo de capitales.
También se ha decretado el sobreseimiento provisional para otros tres investigados en la causa, entre ellos el exjefe de la Guardia Civil en el Puesto de Altea y el exconcejal y expresidente del PP en el municipio alteano, Jaime Sellés, así como un técnico municipal del Ayuntamiento de Altea.
Estos cuatro sobreseimientos, decretados al entender que no hay pruebas de los delitos por los que fueron detenidos en diciembre de 2020 por la Policía Nacional, se suman al acordado para el concejal de Seguridad de Benidorm, Lorenzo Martínez Sola. Aún quedan otras 30 personas y varias empresas investigadas en la causa abierta a instancias de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
La jueza señala en los autos de archivo que los regalos realizados al exedil y al técnico de Altea se realizaron por «cortesía» y carecen de relevancia penal.
En el caso del teniente que estaba al frente del Puesto de la Guardia Civil en Altea, ascendido a capitán durante la instrucción de la causa y defendido por el abogado Roberto Sánchez, se le investigaba por un delito de organización criminal al sostener la Policía que realizó gestiones para el abogado ruso afincado en la Marina Baixa Alexey S., con el fin de obtener «información sensible sobre posibles investigaciones policiales o judiciales sobre éste o su círculo». Sin embargo, la jueza señala que no hay indicios suficientes que demuestren que este oficial participó en el acceso a una supuesta lista de personas que iban a ser detenidas en esta causa que se instruía bajo secreto de sumario en Benidorm, entre ellas la madre del abogado Alexey S., según se recoge en el auto.
La lista se la facilitaron a uno de los ciudadanos rusos investigados y éste al abogado ruso, quien llamó al teniente de la Guardia Civil para preguntarle por la persona que había dado los nombres.
Añade la magistrada que «un tercer extraño a esta causa» facilitó los nombres de las personas investigadas, pero no consta que el oficial de la Guardia Civil supiera de la existencia del procedimiento. Indica asimismo que, más allá de su vinculación con Alexey S., el oficial, que ha contado desde el principio con el respaldo de sus compañeros al creer plenamente en su inocencia, no tuvo contacto con el resto de investigados y no participó en la trama de blanqueo ni tenía conocimiento de ella.
Jamones al Ayuntamiento
En cuanto a Jaime Sellés, exconcejal y expresidente del Partido Popular en Altea, la jueza descarta que haya pruebas de la comisión de delitos de cohecho y tráfico de influencias y precisa que mantenía con el abogado ruso, investigado como uno de los presuntos cabecillas, una relación de amistad, además de la afinidad al mismo partido político, pero los hechos investigados carecen de «relevancia penal».
El auto judicial señala que no hay indicios de que Jaime Sellés influyera para que le quitara una multa a Alexey ni de que hablara con ningún cargo o funcionario del Ayuntamiento de Altea para la aprobación de un camping que proyectaba.
Sobre un regalo recibido por Sellés o los jamones que entregó Alexey para repartir entre funcionarios del Ayuntamiento de Altea, la jueza afirma que el propio investigado no lo negó, pero los justificó por la amistad que les unía. Sin embargo, señala la magistrada que estos obsequios entrarían dentro de los supuestos excluidos del ámbito de relevancia penal por el Supremo, que señala que es «ilógico estimar que un regalo de ínfimo valor pueda influir en el cumplimiento de los deberes del funcionario o autoridad».
Por ello, indica que el regalo que iba a darle Alexey a Jaime Sellés «bien puede tratarse de un pequeño obsequio hecho a título de mera cortesía carente de relevancia penal», lo que mismo que los jamones entregados «en el Ayuntamiento de Altea dado el escaso valor del producto», según el auto de archivo.
Sobre el técnico municipal de Altea investigado por cohecho al ser el encargado de aprobar las inspecciones de viviendas de miembros de la organización, la magistrada destaca que no hay indicios suficientes de que recibiera dinero para agilizar trámites administrativos en beneficio de los dueños de las casas.
Asimismo, indica que una botella de vino valorada en 65 euros que le regalaron y una piedra que le trajo Alexey de un viaje puede ser pequeños obsequios realizados por «mera cortesía».
