Ex políticos de Formentera y técnicos declaran en el caso Punta Prima

El juicio continúa hoy con más testimonios e informes técnicos y está previsto que finalice este viernes

Una imagen del primer día del juicio del caso Punta Prima en la Audiencia Provincial.

Una imagen del primer día del juicio del caso Punta Prima en la Audiencia Provincial. / Carmelo Convalia. Formentera

Carmelo Convalia

Carmelo Convalia

El tercer día del juicio del caso Punta Prima que se celebra desde el pasado lunes en la sección primera de la Audiencia Provincial de Balears, en Palma, se prolongó a lo largo de toda la mañana de ayer con la declaración de distintos testigos tanto de la defensa como de la acusación, ejercida únicamente por la empresa Sunway, propietaria del complejo turístico de Punta Prima.

El demandante, Leo Stöber acusa a los miembros de Gent per Formentera (GxF) el expresidente, Jaume Ferrer, la exconsellera de Cultura, Sonia Cardona, el exconseller de Turismo, Pep Mayans Costa, y el actual conseller de Hacienda, Bartomeu Escandell, que gobernaron en coalición con el PSOE, entre 2007 y 2011, de un presunto delito de prevaricación al haber impedido la aprobación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) al no publicar el informe de impacto ambiental preceptivo.

A lo largo de la jornada de ayer declararon ante el tribunal por videoconferencia o de forma presencial distintos testigos.

Entre ellos testificaron Silvia Tur (ex consellera y ex diputada), Isidor Torres (ex alcalde), Margalida Font (ex consellera del PSOE), Cándido Valladolid (ex concejal del Ayuntamiento de Formentera). También lo hicieron un técnico del área de Urbanismo del Consell, un técnico de la UIB que redactó un informe en el que afirmaba que el PERI de Punta Prima incumplía los criterios de protección medioambiental, y que ayer se ratificó en ese extremo; la que fuera secretaria del Ayuntamiento en ese momento, así como el ex celador de Costas en la isla.

En todos los casos las preguntas giraron sobre las actuaciones que realizaron o la información que los testigos pudieran aportar desde que el inició del caso Punta Prima, tras la sentencia del Supremo de 1996, que reconocía que el 75% de los terrenos de esta propiedad eran urbanos.

Este conflicto se alarga desde los años ochenta pero el momento de más tensión fue con la aprobación del Plan Territorial Insular (PTI) en 2010. Esta normativa determinó que los terrenos propiedad de la empresa Sunway, se declararan en el ordenamiento como «espacios libes públicos». Es decir, que reconocían el carácter urbano del suelo pero con un índice de edificabilidad cero «en atención a mantener la calidad paisajística y natural de los terrenos, de especial fragilidad, al estar incluidos en la zona periférica de protección del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera». Todos los contenciosos en contra del PTI fueron perdidos por Stöber, hasta el Supremo que ratifico que el PTI de Formentera se ajustaba a la ley.

El juicio continúa hoy con más testigos y con la presentación de informes por ambas partes. Todo indica que las conclusiones finales se presenten el próximo viernes y que el juicio quede visto para sentencia.

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