El expresidente del Consell de FormenteraJaume Ferrer, y tres de sus antiguos consellers, Sonia Cardona, Bartomeu Escandell y Josep Mayans, se han sentado esta mañana en el banquillo de los acusados en un juicio por un presunto delito de prevaricación relacionado con el caso Punta Prima, que se celebra en la Audiencia de Palma. Un juicio en el que únicamente imputa el delito la acusación particular, representada por un promotor alemánya que la fiscalía mantiene que no existe delitos. Los cuatro políticos de Gent per Formentera (GxF), de los que tres de ellos están ya fuera de la política, han sostenido su inocencia.

El juicio que celebra el tribunal se refiere al llamado caso Punta Prima, propiedad del empresario alemán Leo Stober. Este empresario es propietario de un edificio turístico en esta zona de Formentera, que inicialmente era un terreno urbano. Hace años solicitó autorización para ampliar la ciudad de vacaciones, en base a la calificación urbanística, pero se le denegó a través de la aprobación del Plan Territorial de Formentera que contemplaba una edificabilidad cero en la zona, al sostener la necesidad de mantener el paisaje y la zona natural de los terrenos, al encontrarse junto al Parque Natural de Ses Salines. El empresario, que ejerce la acusación a través de los abogados Pedro Horrach y David Salvá, sostiene que los políticos de Gent per Formentera retrasaron intencionadamente la aprobación del PTI, bajo la excusa de que no podían aprobar el Plan Especial de Reforma Integral (PERI) de Punta Prima al no existir un informe de impacto ambiental.

Imagen aérea de Punta Prima. Gerardo Ferrero

Jaume Ferrer explicó el proceso que representó la creación del Consell de Formentera, al que se integró el Ayuntamiento. Este proceso provocó que la institución insular asumiera todas las competencias urbanísticas y reiteró la falta de medios para asumir tantas responsabilidades. El expresidente del Consell detalló que nunca quiso perjudicar los intereses del empresario alemán y rechazó que tuviera conocimiento de que existía un antiguo compromiso con el antiguo Ayuntamiento de Formentera, en el que se le autorizaba la ampliación de la construcción.

Reiteró el expolítico, defendido por el abogado Fernando Mateas, que el PERI de Punta Prima iba en contra de los criterios de normas urbanísticas que imponía el Govern balear, por lo que no se podía aprobar. Ferrer insistió en que, si bien su departamento de presidencia no llevaba este tema, sino que lo hacía urbanismo, siempre se siguieron los consejos de los técnicos.

En esta misma línea de defensa se mantuvo el entonces conseller responsable del área de urbanismo, Bartomeu Escandell, que insistió en que la aprobación de esta ampliación en Punta Prima iba en contra del criterio técnico y, sobre todo, de las normas que imponía el Govern balear. Escandell, que es el único de los acusados que sigue en política, rechazó que en algún momento hubiera presionado a los técnicos en un determinado sentido.

Sonia Cardona, antigua consellera de Cultura, explicó que su departamento no intervino en la aprobación de estas normas urbanísticas y dijo que se limitó a favor de la propuesta del equipo de gobierno.

Lo mismo mantuvo Josep Mayans, exresponsable del área de Turismo, que señaló que se limitó a dar su voto a favor.

Los acusados se quejan de que únicamente se sientan en el banquillo por este caso políticos del partido Gent per Formentera, pese a que los dos consellers del PSOE también votaron a favor de estas normas urbanísticas. Cabe recordar que la exdiputada Silvia Tur, en su condición también de consellera de Formentera, también voto a favor de este plan urbanístico, si bien el TSJB la exculpó de cualquier delito. Por ello, ayer tampoco se sentó en el banquillo de los acusados.

El juicio está previsto que continúa toda la semana. Mañana está prevista la declaración del denunciante Leo Stober, que además de esta denuncia penal, ha presentado varias demandas administrativas contra la aprobación de las normas urbanísticas, pero todas ellas las ha perdido, a pesar de su intento de llegar hasta el Tribunal Supremo.