La segunda jornada del juicio que se celebró ayer en la Audiencia Provincial de Balears por el caso Punta Prima se centró en la declaración del empresario denunciante, Leo Stöber. El propietario del complejo turístico de Punta Prima, en Formentera, aseguró que el expresidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, le dijo que «habían ganado las elecciones con la promesa de evitar un crecimiento desorbitado en Formentera», en referencia a la aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de su instalación turística.

La sección Primera de la Audiencia juzga durante esta semana al expresidente del Consell, a la exvicepresidenta de la institución, Sonia Cardona, al exconseller insular de Promoción Económica y Territorio, Bartomeu Escandell (único en activo), y el de Turismo, Josep Mayans, por un supuesto delito de prevaricación.

En su intervención Stöber se remontó al inicio del conflicto con el Ayuntamiento de Formentera, en los años ochenta, para asegurar que el entonces alcalde de Formentera, sin citar qué alcalde, propuso que la construcción del complejo turístico la hiciera su hijo.

«Las personas que estaban a cargo del proyecto se negaron y, a partir de ahí, el Ayuntamiento encontró mil problemas para no autorizar la segunda fase del proyecto, aprobado inicialmente», añadió. Fue entonces, según el empresario, cuando obtuvieron una sentencia del Supremo a su favor que les permitía construir la segunda fase y, seguidamente, procedieron a iniciar el Plan Especial de Reforma Interior (PERI), que se aprobó de forma provisional en 2005, dos años antes de la creación del Consell de Formentera, y cinco antes del PTI.

Poco después, la conselleria de Medio Ambiente del Govern balear acordó que el PERI se tenía que volver a publicar «por eventuales problemas medioambientales». Finalmente, la conselleria lo consideró suficiente y lo remitió al Ayuntamiento para su posterior publicación y tramitación. Pero «no se publicó nunca», censuró el empresario.

Según su relato ante el tribunal al poco tiempo entró una nueva formación en el gobierno municipal, a final de los noventa, con la que firmó un convenio para que, a cambio de la creación de un vial que diera acceso a la torre de defensa de Punta Prima, declarada BIC, se agilizara la publicación del informe y la construcción de la segunda fase del complejo.

Stöber recordó: «Posteriormente el Govern me denunció como consejero delegado de la empresa por construir el vial en suelo calificado de protección por estar al lado del Parque de Ses Salines», y denunció que «toda una administración hizo desaparecer el convenio que todo el mundo conocía». Fue entonces cuando el denunciante procedió a ampliar la querella al Consell de Formentera, «que declaró que este convenio no existía y era desconocido».

Al mismo tiempo, el empresario aseguró que inició una serie de reuniones con el entonces presidente del Consell, Jaume Ferrer, para pedir explicaciones sobre la no publicación del informe de impacto ambiental.

Sobre esto, el denunciante aseguró que Ferrer le contestó: «Hemos ganado las elecciones con la promesa de impedir un crecimiento desorbitado de construcciones en Formentera» y, finalmente, acordaron, según declaró, que se redujera a la mitad la construcción prevista en Punta Prima.

Poco después fue cuando se aprobó el PTI, «que calificaba el suelo de rústico» y, por ende, «impedía que se construyeran viviendas residenciales». En 2010, se aprobó finalmente la revisión del PTI, que calificaron su suelo como espacios libres públicos. El juicio continúa hoy con los testigos.

La fiscalía no acusa

El caso, conocido como 'Punta Prima', se remonta al año 2010, cuando se acordó por mayoría absoluta aprobar la revisión de las normas subsidiarias de Plan Urbanístico de Formentera.

Esto determinó que algunos terrenos fueran declarados como Espacios Libres Públicos de cesión gratuita al Consell y, por ende, que algunas zonas no fueran edificables, ya que debían mantener la calidad paisajística y natural de los terrenos, al estar incluidas dentro de la zona de protección del Parque Natural de Ses Salines.

Un empresario alemán, responsable de un complejo turístico que estaba ubicado en dicha zona y que tenía pendiente la construcción de la segunda fase de su proyecto, presentó entonces la querella.

Con todo, el Ministerio Fiscal entiende que no queda acreditado que los acusados, para conseguir dicha aprobación, la retrasaran intencionadamente mediante la no publicación del Informe de Impacto Ambiental.

Por contra, la acusación particular, sostenida por la empresa afectada Sunway S.L., pide que se juzgue a los procesados por un presunto delito de prevaricación administrativa.