El próximo lunes está previsto que comience en la sección primera de la Audiencia Provincial de Balears el juicio por un presunto delito de prevaricación a parte del equipo de gobierno que estaba al frente del Consell de Formentera entre 2007 y 2011, conocido como el caso Punta Prima.
El denunciante es la empresa Sunway, propietaria de la Ciudad de vacaciones de Punta Prima, cuyo propietario es el empresario Leo Stöber. En este caso solo se persona la acusación particular, ya que la Fiscalía no realiza ninguna acusación; incluso ya pidió en 2013 el sobreseimiento del caso.
Sin embargo, Stöber considera que el entonces presidente, Jaume Ferrer, la exconsellera de Cultura, Sonia Cardona, el exconseller de Turismo, Pep Mayans Costa, y el actual conseller de Hacienda, Bartomeu Escandell, (entonces en el mismo cargo) retrasaron a propósito, durante los años 2008 y 2009, «y con ánimo de perjudicar los intereses de la parte querellante, la aprobación definitiva del PERI de Punta Prima, mediante la no publicación del preceptivo informe de impacto ambiental». En cambio, el ministerio público considera que este extremo «no queda acreditado».
El caso es que la aprobación del Plan Territorial Insular de Formentera en 2010 determinó que los terrenos propiedad de la parte querellante, la empresa Sunway, se declararan en el ordenamiento como «espacios libes públicos». Es decir, que reconocían el carácter urbano del suelo pero se le aplicaba un índice de edificabilidad cero «en atención a mantener la calidad paisajística y natural de los terrenos, de especial fragilidad, al estar incluidos en la zona periférica de proteción del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera».
