La exconcejala de Gobernación de Sant Antoni Aída Alcaraz defendió ayer en el juicio que en ningún momento sometió al jefe de la Policía Local, Javier Verdugo, a acoso laboral y que todas las decisiones que adoptó en el pasado mandato «jamás fueron para humillar» a este funcionario sino para ejercer la responsabilidad política que le habían encomendado. Con estas palabras, tras un maratoniano juicio de algo más de 10 horas de duración que quedó visto para sentencia, la socialista Alcaraz negó los hechos que le imputa la Fiscalía y la acusación particular.
Por las medidas covid (sólo puede haber un máximo de seis personas en la sala), no se permitió que los medios de comunicación pudieran seguir el juicio. La magistrada del juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza únicamente accedió a que se registraran imágenes al principio de la vista oral.
Al final de la práctica de las pruebas, el Ministerio Público mantuvo contra Alcaraz la solicitud de una pena de un año de prisión y el pago de una indemnización de 5.175 euros por un supuesto delito de acoso laboral, mientras que la acusación solicitó dos años de cárcel y el pago de una compensación de 23.000 euros por un presunto delito contra la integridad moral de las personas.
Tras el juicio, en el que, para acortarlo, se tuvo que prescindir de cerca de la mitad de la veintena de testigos citados, Alcaraz dijo que, según su opinión, consideraba que había «quedado claro» que no hubo ningún acoso hacia el jefe de la Policía Local, como «corroboraron» también el exalcalde José Tur y compañeros del equipo de gobierno, entre otros testigos solicitados por la defensa de la exedil.
La exconcejala de Gobernación reconoció que «la situación no es nada agradable» a pesar de estar convencida de su inocencia. «La tranquilidad que tengo es que soy consciente de que lo que relata [Verdugo] no pasó, no en los términos que él dice», subrayó Alcaraz.
La acusación particular solicita dos años de prisión a Alcaraz por un supuesto delito contra la integridad moral
En su denuncia, Verdugo relató una serie de hechos y situaciones encaminadas, según él, a perturbar su trabajo como jefe de la Policía Local. Estuvo 363 días de baja laboral. Precisamente, el entonces alcalde José Tur aseguró en abril de 2018, cuando rompió su silencio sobre este caso, que resultaba «curioso» que se sintiera «acosada una persona que, desde que cambió el equipo de gobierno (en junio de 2015)», había estado «más tiempo de baja que trabajando».
En concreto, Verdugo, que ayer rehusó hacer declaraciones cuando se interrumpió el juicio por la mañana, apuntaba en su denuncia el perjuicio que le ocasionaron la contratación de una directora técnica de seguridad (Ángeles Gallardo) por encima de él y que esta ocupara su despacho, que el Ayuntamiento le hubiera retirado el coche oficial y que no se contara con él para tratar la creación de nuevas plazas, entre otras cosas.
Los sobres del armario del retén
También destacaba que la acusada convocó un día a varias personas (otro concejal, el tesorero y a varios agentes) para inspeccionar un armario del retén policial en el que había sobres con dinero incautado de la venta ambulante y que, según dijo Alcaraz, las denuncias no se habían tramitado.
En declaraciones a este diario, en abril de 2018, Verdugo justificó que «Intervención no sabía dónde poner este dinero» y que los sobres, además, estaban «sellados y listados con una relación detallada». Entonces, el jefe de la Policía Local también defendió que todas sus bajas laborales estaban justificadas con los informes médicos.
Alcaraz insistió ayer en que «nunca hubo un trato denigrante» hacia Verdugo. «Él entiende que determinadas situaciones fueron un ataque personal, pero nunca fue así. Fueron decisiones en el ámbito político. Lo único que hice fue ejercer mi trabajo como concejala de la mejor manera que sabía y con la intención de conseguir los objetivos de aquel proyecto», resaltó.
Asimismo, abundó en que le resulta «extraño» que este asunto haya llegado a juicio, y lo atribuye al «trabajo previo» del denunciante para «minar» su «imagen» con «una denuncia falsa» sobre las decisiones que iba tomando como responsable política.
