El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) califica de «intolerable» la «inacción» del Govern balear en la puesta en marcha de la desaladora de Santa Eulària, cuyas obras se dieron por acabadas el 30 de noviembre de 2011 pero no empezó a funcionar hasta julio de 2018. Este es el motivo por el cual, tal como ya informó la conselleria de Medio Ambiente, el tribunal balear le ha condenado a devolver al Estado los 26,1 millones del rescate de la concesión de la infraestructura.
La Comunitat Autònoma incumplió su obligación de ejecutar las obras para conectar las instalaciones a la red pública, lo que impidió su funcionamiento y forzó a la concesionaria (la UTE EDAM Santa Eulària, formada por Aqualia y Procesos Ambientales SA) a reclamar al Estado, el 26 de diciembre de 2013 (más de dos años después de la finalización de las obras), la resolución del contrato suscrito en noviembre de 2005 «por incumplimiento de la Administración». Exigía el pago de poco más de 31 millones de euros, en cuya cuantía incluía el lucro cesante e intereses. Finalmente, con el aval del Consejo de Estado, el Gobierno central acordó en diciembre de 2015 la resolución del contrato con el pago de una indemnización de 26,1 millones, la cuantía que la Comunitat Autònoma ahora debe devolver.
El tribunal balear destaca que una prueba de que resulta «intolerable» la inactividad de la conselleria balear de Medio Ambiente es que cuando el Gobierno central, tras el rescate de la concesión, cedió en 2016 a la Comunitat Autònoma el uso y explotación de la desaladora, sí ejecutó su conexión a la red pública, con un coste de 6,7 millones (se incluye también en este caso las obras de la desaladora de Menorca). «No hacerlo en el momento indicado, sin duda, motivó su absoluta paralización impidiendo a los concesionarios su explotación», dice la sentencia.
Cuando se acabaron las obras de la desaladora de Santa Eulària, el actual presidente del PP balear, Gabriel Company, llevaba cuatro meses al frente de la conselleria balear de Medio Ambiente. En la legislatura anterior gobernó la izquierda con un pacto con la extinta Unió Mallorquina (UM).
Coste de producción elevado
¿Y por qué el Govern incumplió su obligación de conectar la desaladora a la red pública? El TSJB indica que ocurrió que el coste de producción de agua resultaba «elevado» y la Comunitat Autónoma consideraba conveniente ejecutar obras complementarias para «una racionalización y un abaratamiento de costes». En el caso de la planta de Santa Eulària, «también se hacía necesario aumentar la capacidad de almacenamiento del depósito de agua tratada». «Esta infraestructura ciertamente resultaba costosa, pero era ajena al proyecto que el Estado estaba obligado a hacer según el convenio suscrito en 2005», agrega la sentencia.
Company aseguró en octubre de 2012 (casi un año después de que las obras ya estuvieran acabadas) que la desaladora estaba parada por «un sobrecoste de 19 millones de euros». Recordó entonces que la exministra Elena Espinosa aseguró en 2010, cuando visitó las obras, que el presupuesto de la planta era de 22 millones. «Ha habido un desfase presupuestario importante que si nosotros asumimos, tendremos que trasladar sobre tarifa a todos los ibicencos, y dijimos que esto no nos parecía bien», dijo entonces Company.
Sin embargo, tal como se refleja en la sentencia, el contrato suscrito entre el Ministerio y la concesionaria, en septiembre de 2005 (durante el Govern presidido por Jaume Matas, del PP), para la redacción del proyecto, ejecución de las obras y explotación de la infraestructura preveía una inversión de 42,9 millones de euros (14,1 millones para el proyecto y las obras, sin IVA). Posteriormente, se aprobó un modificado del proyecto con el consentimiento de la comisión de seguimiento del convenio, de la que formaba parte el Govern, el 21 de mayo de 2007, una semana antes de las elecciones que auparon a la izquierda al poder. La sentencia recuerda que la Comunitat Autònoma «nunca denunció el convenio de 2005 ni se opuso al proyecto de ejecución de la planta en el modo y la forma en que se hizo».
El TSJB recuerda que, en 2016, el Consejo de Estado solicitó la apertura de un expediente para dilucidar eventuales responsabilidades de autoridades y funcionarios y, en su caso, depurar responsabilidades. Agrega la sentencia, que el Govern recurrirá, que el pago del rescate de la concesión de la planta «indudablemente recae y lo soporta el contribuyente, que es víctima de una lamentable y deficiente gestión administrativa, despilfarradora de recursos públicos, y del todo contraria a los principios de economía, eficacia, cooperación y coordinación entre administraciones para salvaguardar el interés general de la población; en este caso, la satisfacción de un recurso tan básico y necesario como el agua».
