Sant Antoni investiga una posible trama de fraude con la compra de uniformes policiales

El anterior equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Sant Antoni gastó, durante al menos dos años, miles de euros en uniformes de la Policía Local que nunca llegaron a la isla. Esta es la situación que ha denunciado el actual Consistorio ante los juzgados, al personarse en la causa que ya tiene abierta la Fiscalía por este hecho desde 2015, a raíz de una denuncia del sindicato CSIF, que representa a los agentes. Hace dos años, un juzgado de Ibiza rechazó la petición del Ayuntamiento para personarse en la causa, pero ahora la Audiencia Provincial acaba de aceptarle esta solicitud, con lo que la investigación recibirá un nuevo impulso.

Los dueños de la empresa contratada por Pepita Gutiérrez fueron detenidos en 2017 por un caso similar en Santa Pola (Alicante) y ahora esperan juicio. Por ello, el Ayuntamiento sospecha que podría tratarse de la misma trama.

La denuncia presentada en su día (todavía con el PP en la alcaldía) ante la Fiscalía por los policías de Sant Antoni adscritos al CSIF afirmaba: «Sistemáticamente se viene comprando vestuario para 62 agentes de Policía, cuando en realidad somos 46, y de estos, uno está expedientado desde hace años y cinco no utilizan uniforme». Según el testimonio recabado por este diario entre algunos representantes sindicales, esta situación se produjo durante los años 2013 y 2014, cuando «se compraban uniformes por valor de 63.000 euros cada año, pero en cambio sólo llegaba material por valor de unos 20.000 euros».

«Íbamos con anoraks rotos»

«Íbamos con anoraks rotos»

«Esta situación se producía, precisamente, cuando estábamos faltos de todo tipo de ropa y carecíamos de lo necesario», según estos agentes. La sorpresa de los policías fue considerable al descubrir las elevadas cantidades que el Ayuntamiento de entonces invertía en uniformes: «Patrullábamos con los anoraks rotos cuando se estaba pagando un dineral en otros nuevos que nunca vimos», señalaron estos portavoces del CSIF que prefirieron mantenerse en el anonimato. En todo caso, estas denuncias coinciden con lo expuesto en el escrito elevado a Fiscalía en 2015.

La concejala de Gobernación, Aída Alcaraz, explicó que el objetivo de personarse en la causa es «dilucidar si realmente se estaba sirviendo el importe total de la factura, o por el camino se iba quedando algo». En aquellos años «se adelantó un dinero público de las arcas del Consistorio para pagar un material que no se ha recepcionado», añadió. «Vamos a impulsar el procedimiento, sobre todo a la vista de lo que ha pasado en la Península, con esta misma empresa y con prácticas que son muy similares a las que se han dado en Sant Antoni», afirmó la actual concejala del área, que nada más ocupar el cargo en 2015 dejó de contratar a la empresa sospechosa de corrupción, Insignia SL.

Aunque el contenido de la denuncia del CSIF ante la Fiscalía ya despertó las alarmas del equipo de gobierno actual, ha sido una reciente resolución del Tribunal de Cuentas (que avala algunas de las sospechas planteadas) lo que ha decidido al Consistorio actual a reactivar la investigación.

El jefe de la Policía Local, Javier Verdugo, era el encargado de elaborar el llamado informe de necesidades, donde se consignan los elementos de uniformidad que debían comprarse, si bien él declinó ayer confirmar este detalle y descargó responsabilidades en sus subordinados (ver aquí). Verdugo negó que se compraran más uniformes que policías había en activo, pero la concejala y los policías denunciantes señalan que «nunca se han cubierto todas las plazas de policía del Ayuntamiento». «Pero es que, aunque estuvieran todas cubiertas, cuando se pedían uniformes para los agentes, nunca llegaban todos», recalcan.

El control del material recibido parece haber sido totalmente deficiente, según el testimonio de los agentes y del Ayuntamiento, pues «sólo se entregaban albaranes, no facturas, y además no coincidían con el material entregado», señaló Alcaraz.

La Fiscalía

La Fiscalía

Los denunciantes, por otra parte, expresan sus dudas sobre la eficacia investigadora de la Fiscalía, y argumentan para ello la amistad personal que une a la fiscal-jefe de Ibiza con el oficial encargado de controlar la recepción y reparto de uniformes, así como con el propio Verdugo.

El Ministerio Público aceptó en mayo de 2017 la petición del CSIF de realizar una prueba pericial para comprobar qué material se entregó realmente en las dependencias policiales, pero a día de hoy este peritaje no se ha realizado todavía.

El equipo de gobierno tiene previsto solicitar la declaración ante el juez de los principales implicados en estos hechos, según confirmó su abogada, Ascensión Joaniquet. «No es normal lo que ha pasado. Aquí hay que depurar responsabilidades», declaró.