La segunda teniente de alcalde de Sant Antoni, Cristina Ribas, mantiene firme su pulso con Proposta per les Illes (PI) y se niega a dimitir pese al ultimátum que ha lanzado su antigua formación y que amenaza con romper el equipo de gobierno tripartito. El comité local del PI ha decidido que si antes del jueves de la semana que viene (del pleno del día 31), Ribas no ha dejado su acta de concejala o bien el alcalde, José Tur, Cires, no la destituye y le retira sus área de gobierno se va «a dinamitar el tripartito y el gobierno municipal».
El PI no piensa dar su brazo a torcer y recuerda que la crisis «la ha originado Ribas y que provoca una inestabilidad total en el gobierno de Sant Antoni con el visto bueno de los socialistas». Si al igual que Ribas, el alcalde hace caso omiso a la exigencia del PI y no la echa del equipo de gobierno, la formación regionalista extenderá su demanda al secretario general de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE), Vicent Torres, al objeto de que «depure responsabilidades en su partido» por el incumplimiento del pacto de gobierno suscrito en 2015 con PSOE y Reinicia.
El portavoz del PI y concejal en Sant Antoni, Joan Torres, contactó ayer con el alcalde, que se encuentra en Madrid en la feria turística (Fitur), para informarle del acuerdo adoptado por su partido sobre cómo solventar la crisis de gobierno. No se ahondó en ello y se emplazaron para hablarlo a su vuelta, a partir del lunes. Torres también llamó al secretario general de la FSE-PSOE y envió una copia del comunicado del comité local del PI a la agrupación socialista de Sant Antoni. El alcalde, que rehusó ayer hacer declaraciones sobre la crisis de gobierno, tiene previsto hablar hoy. Proposta per Ibiza, coalición electoral de la que forma parte el PI, apoya la decisión de este grupo.
«No ha cambiado nada»
Para Cristina Ribas «no ha cambiado nada» tras la decisión del PI de romper el tripartito si no dimite. No ha hablado más con sus compañeros del PI e insiste en que no tiene ninguna intención de dejar su acta de concejala. De hecho, la segunda teniente de alcalde recuerda que, a medidos de 2017, cuando Juanjo Ferrer, dejó el equipo de gobierno ella ya puso su cargo a disposición de su anterior formación. «Y no la quisieron [el acta de concejala]», esgrime Ribas para justificar que su marcha del PI no le obliga ahora, según ella, a dejar su cargo de concejala ni sus responsabilidades en el equipo de gobierno.
Al contrario, Ribas, cuya posición cuenta con el apoyo del PSOE (al que, probablemente, se unirá en las próximas elecciones), defiende que su salida del equipo de gobierno sería «una irresponsabilidad», ya que a menos de cuatro meses de las elecciones la persona que entrara para sustituirla «no tendría tiempo de aprender nada».
Considera que «no es necesaria la ruptura» del tripartito, aunque ella no piensa dar ningún paso atrás para evitarlo. También reitera Ribas que el alcalde apoya su decisión de seguir en el gobierno.
Asimismo, la segunda teniente de alcalde niega que sea una tránsfuga. «No me voy a otro partido. Ser concejala no adscrita [a un grupo] está normalizado, no se entiende como tránsfuga», argumenta.
Pacto Antitransfuguismo
Sin embargo, si el alcalde no destituye a Ribas incumplirá el Pacto Antitransfuguismo firmado por los principales partidos de España, entre ellos el PSOE, en 1998, renovado en 2000 y 2006. Este acuerdo determinaba el compromiso de los partidos políticos a lo siguiente: «No aceptar en sus equipos de gobierno municipales a miembros de la Corporación que se hayan convertido en tránsfugas con respecto a sus grupos de procedencia, y rechazan la posibilidad de que por parte del alcalde se efectúe cualquier nombramiento político que implique atribuciones de gobierno o delegación genérica o especial de las mismas, con los consiguientes derechos políticos y económicos, en favor de los tránsfugas».
Este pacto entiende por tránsfuga a «los representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista o grupo [manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en las correspondientes elecciones locales], o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de estas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad».
