El sector agrario de Ibiza ve con recelo la nueva figura de Zona de Alto Valor Agrario (ZAVA), incluida en la nueva ley balear agraria, que limitará las posibilidades de construir viviendas no vinculadas a la explotación agraria. A la espera de conocer el texto de la nueva normativa, tras su aprobación prevista este mes en el Parlament balear, el presidente de Agroeivissa, Joan Marí, muestra su «preocupación» por «el criterio» que aplicará el Consell a la hora de delimitar en la isla estas nuevas zonas de protección agraria: «El territorio en Ibiza es muy pequeño. Cualquier raya sobre el mapa afecta a mucha gente. Lo que me preocupa es que al final se protejan aún más los terrenos que ya están cuidados y, en cambio, lo que se encuentran abandonados no se declaren ZAVA. Es un arma de doble filo».
La nueva ley agraria prevé que las Áreas de Interés Agrario (AIA), que, en el caso de Ibiza, se corresponde con todo el suelo rústico de la isla, tengan la consideración de ZAVA. Sin embargo, para evitar la aplicación de las restricciones edificatorias que prevé esta nueva figura de protección en todo el suelo rústico común de la isla, la ley agraria marca un periodo transitorio de dos años como máximo para que el régimen jurídico y de usos de las ZAVA no se aplique hasta que los consells insulares los delimiten, a través de un reglamento o una modificación del Plan Territorial Insular (PTI).
En concreto, en las ZAVA sólo se prevén viviendas en edificios de nueva planta que estén vinculadas a explotaciones agrarias preferentes. «Excepcionalmente», determina el texto acordado en comisión parlamentaria, se podrá autorizar «una edificación, una construcción o una instalación no vinculada a una explotación agraria, siempre y cuando se disponga de un informe preceptivo y vinculante de la administración competente en materia agraria». Este informe deberá garantizar que dicha construcción no compromete el alto valor productivo de la finca ni su viabilidad agraria, así como la suficiencia y la calidad del recurso hídrico y el respeto de los sistemas de drenaje tradicionales».
El presidente de Agroeivissa considera que «se mezclan temas urbanísticos con agrarios». «Me pongo en la piel del técnico [de Agricultura] que deba firmar estos informes: ¿en basé a qué criterios emitirá un informe positivo o negativo? Pienso que se crea un problema que no teníamos. No queremos que haya incertidumbre territorial. A ver si algún día somos capaces de ponernos todos de acuerdo con lo que queremos hacer con el territorio, en vez de marear», indica Marí, quien, de todos modos, puntualiza que, mientras no se conozca el contenido final del texto legislativo, su posición no deja de ser «una opinión personal». Las explotaciones en ZAVA tendrán preferencia para obtener ayudas de la Administración.
Valor del suelo rústico
Valor del suelo rústico
El representante de Agroeivissa recuerda que el suelo rústico común tiene «un valor determinado si se destina la producción agraria», pero si se evalúa en función de lo que se puede construir, «el coste se multiplica por 10». Hay que ser muy prudentes con estas cosas.», indica Marí, al tiempo que advierte de que personas de fuera de la isla «con mucho capital» intentan «comprar fincas enteras» (para evitar la limitación actual de las segregaciones) para especular. En este sentido, valora que con la Norma Territorial Cautelar se han logrado parar las segregaciones con fines especulativos. «Lo hablamos con los gobernantes y no hubo ningún problema», indica.
Así, ante la incertidumbre que genera esta nueva figura, Marí cuestiona si los posibles afectados se verán obligados a redactar «un proyecto [edificatorio] deprisa y corriendo». «Hay que lograr normativas que duren más de cuatro años. Los payeses construíamos una casita o un almacén cuando hacía falta. No vamos sobrados de dinero. Ahora casi nos obligan a pedir un permiso cuando se puede. Esto no ayuda a la isla».
El presidente de la cooperativa agraria de Sant Antoni, Joan Tur, apunta que en Ibiza las explotaciones agrarias son «muy pequeñas» y, a la hora de delimitar las ZAVA, todo está «mezclado». Tampoco se quiere pronunciar sobre la ley a la espera de su aprobación, al igual que la presidenta de la Alianza del Agua, Alicia Morales. Este diario ha tratado infructuosamente de recabar la opinión del presidente de la cooperativa de Santa Eulària, José Colomar.
