El Govern adeuda el 16% de las expropiaciones de las autovías

La conselleria balear de Territorio explica que «el grueso» de las expropiaciones ya están abonadas y que lo que queda pendiente se corresponde con «las fincas más pequeñas» o aquellas que comportan «alguna dificultad administrativa», como hallar a su propietario. Las fuentes consultadas estiman que queda pendiente de pago el 16% (en torno a un millón de euros), aunque es «una aproximación», ya que podría ser más en función de posibles sentencias.

El año pasado se liquidó un total de 696.416 euros por la ocupación de fincas afectadas por la autovía de Sant Antoni y 192.760 euros por la del aeropuerto. Hasta diciembre, este año se han pagado 234.980 euros por las expropiaciones de la autovía de Sant Antoni y 22.533 euros por las del aeropuerto, mientras que se está tramitando el abono de otros 194.013 y 12.571 euros más respectivamente. Estas no son las últimas cantidades pendientes de pago, ya que aún se tienen que tramitar otros expedientes, según las fuentes consultadas de la conselleria balear de Territorio.

Intereses de demora

El retraso que acumula el pago de las expropiaciones ha provocado un incremento de su coste por intereses de demora. A ello, se añade el hecho de que, en algunos casos, los tribunales han condenado a la Comunitat Autònoma a abonar un 25% más del justiprecio para compensar los perjuicios ocasionados a los propietarios afectados por las irregularidades cometidas en la tramitación de los expedientes de ocupación de los terrenos, «sin previa incoación del procedimiento expropiatorio y con ausencia de notificaciones previas».

De hecho, la Plataforma Antiautopista ofreció resistencia sobre el terreno, durante la ejecución de las obras, a la entrada de las máquinas en las fincas cuando no se habían cumplimentado previamente los trámites del proceso expropiatorio por parte del Govern.

Esta situación provocó la llegada a la isla de efectivos policiales antidisturbios para garantizar, por orden de la Delegación del Gobierno, la entrada de las máquinas. Todo esto provocó retrasos en la ejecución de los trabajos y pérdidas económicas para la concesionaria reconocidas, en sentencia firme, por los tribunales.

En concreto, a mediados de 2016, el Tribunal Supremo ratificó la condena a la Comunitat Autònoma que obligaba a pagar 9,4 millones a la concesionaria de la autovía del aeropuerto, la UTE Ibisan, formada por FCC y Enrique Ortiz e Hijos, a causa de las demoras en la ejecución de las obras que provocaron los disturbios para impedir las obras. Los tribunales determinaron la existencia de «una causa de fuerza mayor» que determinó la ruptura del equilibrio de la concesión, ya que durante la construcción de la autovía «se provocaron tan serios altercados de orden público que la normal ejecución de la obra se vio seriamente afectada».

La concesionaria logró que, en esta sentencia, los tribunales reconocieran el pago en total de 22,2 millones de euros por otros conceptos, aparte del retraso de las obras por la resistencia de los antiautopistas, como la puesta en servicio anticipada de tramos de obra o la paralización de los trabajos durante el verano de 2007, entre otros.

El testimonio del constructor

El Govern balear también fue condenado a pagar 7,8 millones de euros más a la UTE Accesos Ibiza (Matías Arrom Bibiloni y Ortiz Construcciones y Proyectos), concesionaria de la autovía del aeropuerto, por los altercados que se sucedieron durante la ejecución de las obras (casi seis millones) y a la obligación de trasladar las plantas de aglomerados y hormigón (casi dos millones), ubicadas inicialmente junto a la escuela de Sant Jordi, a otro emplazamiento para «evitar una mayor confrontación», según alegó la concesionaria.

Durante la comisión de investigación de las autopistas en el Parlament balear, el constructor Matías Arrom reconoció que, en el caso de que una máquina hubiera entrado en una finca de su propiedad sin una notificación previa, habría actuado igual que las personas expropiadas en Ibiza.