El pacto para los Presupuestos Generales de 2019 que han firmado el PSOE y Podemos en el Congreso prevé, entre otras cuestiones, que los ayuntamientos puedan regular «temporal y excepcionalmente» los precios del alquiler en aquellas zonas urbanas «tensionadas», cuando se haya producido un «incremento abusivo» de las rentas de alquiler de vivienda habitual «que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable», según reza el acuerdo alcanzado entre las dos formaciones.

La medida había sido insistentemente solicitada por Unidos-Podemos y, al final, el PSOE ha tenido que aceptarla para que el partido de Iglesias dé su apoyo a los Presupuestos en su tramitación parlamentaria.

Subida espectacular de precios

El tipo de situación a la que sería aplicable esta regulación es la propia de las Pitiüses, donde los alquileres han subido de forma vertiginosa desde hace una década, como consecuencia del auge de los alojamientos en viviendas. Sin embargo, esta misma situación se produce también en grandes capitales españolas, como Barcelona, que sufren la misma lacra.

Además, la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos ampliará los contratos de alquiler desde los tres años actuales a cinco, en el caso de personas físicas. En el caso de las personas jurídicas, serán de siete frente a los tres vigentes.

De este modo, se quiere blindar también el alquiler para residentes frente a la presión de las empresas turísticas.

La medida fue acogida ayer con escepticismo por algunos políticos insulares del PP, como la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Eulària, Carmen Ferrer, quien no terminó de ver viable la propuesta.

PP: «Es complicado»

«Es complicado que en un mercado basado en la oferta y la demanda se puedan poner límites al precio. Lo veo poco controlable», señaló.

Ferrer añadió que «hay que hacer propuestas que sean controlables, porque, si no, se pueden volver en contra».

Sin embargo, la medida acordada ayer entre las dos formaciones políticas de izquierdas en el Congreso de los Diputados no se aplicará si el proyecto presupuestario pactado entre ambos no es aprobado en la Cámara baja, donde aún no está claro que el presidente Pedro Sánchez pueda contar con los votos necesarios.

La mayor incertidumbre para conseguir la mayoría consiste en la actitud que adoptarán los partidos catalanes ERC y PdeCat.