Los ecologistas exigen medidas contra los responsables de vertidos
Reclaman al Govern que cumpla lo establecido en el decreto para la protección de la posidonia
El grupo ecologista GOB pidió ayer al Govern que, en cumplimiento de lo previsto en el decreto sobre la conservación de la posidonia, exija a los responsables de vertidos al mar que adopten las medidas necesarias para enmendar la situación.
Así se expresa el GOB en un comunicado en el que alerta de que «17 depuradoras que sólo cuentan con tratamiento secundario están vertiendo vía emisario» y que de ellas, siete podrían afectar a praderas de posidonia.
Citando documentación de la revisión del Plan Hidrológico, el GOB apunta que anualmente «se podrían estar vertiendo al mar vía emisario un total de 75,9 millones de metros cúbicos de agua procedente de 31 depuradoras».
«El 35 por ciento de este volumen correspondería a depuradoras que no disponen de tratamiento terciario, y que por lo tanto tratan el agua de forma insuficiente con respecto a microorganismos y nutrientes», avisan los ecologistas.
Desde el GOB estiman en un mínimo de 21,7 millones de metros cúbicos el volumen de agua procedente de depuradora que en estos momentos se estaría vertiendo en zonas pobladas por posidonia o muy cercanas a praderas.
«El vertido de aguas residuales mal depuradas es sin duda uno de los impactos sobre la conservación de la posidonia», subrayan desde el GOB.
Decreto de la posidonia
Decreto de la posidonia
El GOB recuerda que el decreto para la protección de posidonia establece que los titulares de autorizaciones de vertido al mar deben remitir los resultados de los controles de seguimiento al Govern; y que en caso de que dichos resultados revelen afección a praderas de posidonia, la Dirección General «debe requerir al titular del vertido que efectúe las mejoras necesarias en el tratamiento del efluente para minimizar su impacto». Por ello, el GOB insta a la conselleria de Medio Ambiente a reclamar a los titulares de las autorizaciones los datos de seguimiento y, en caso de que se incumpla la normativa de calidad, se exija a los responsables adoptar de forma urgente medidas para solventar la situación.
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