Tras lustros de parálisis, durante este año se han dado pasos de gigante para solucionar uno de los problemas endémicos de Ibiza: el abastecimiento de agua para el consumo. El 11 de mayo, el Ministerio de Medio Ambiente firmó, al fin, la entrega de la explotación de la desaladora de Santa Eulària al Govern balear, si bien el Estado mantiene su titularidad.
El acuerdo contemplaba, eso sí, la posibilidad de que el Gobierno español repercutiera a la Comunitat Autònoma balear el coste de 26 millones de euros de la rescisión del contrato con la concesionaria, la Unión Temporal de Empresas formada por Aqualia y Servicios y Procesos Ambientales.
Y eso fue lo que, para sorpresa del Govern, del Ayuntamiento de Santa Eulària y del Consell ocurrió en noviembre, cuando el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, reclamó al Ejecutivo balear esa millonaria cantidad. Pese al revés, el Govern aseguró que no bloqueará la puesta en marcha de la desaladora y que tratará de solucionar este litigio por la vía política para que pueda producir agua potable la próxima temporada. Y si no, ya se verán en los tribunales.
Otra cosa es que realmente las obras estén a punto para que el próximo estío pueda procederse a inyectar esa agua desalada en la red. El Govern ya ha advertido de que «no hay garantías» al respecto, según Antoni Garcias, gerente de la Agencia balear del Agua (Abaqua). Garcias tiene dudas de que la interconexión de la planta de Santa Eulària a la red que distribuirá agua desalada a toda la isla esté finalizada en verano, ya que esas obras comenzarán en enero y, en principio, tienen un plazo de ejecución de 13 meses.
Lo que en teoría estará acabado antes de que concluya este año son la red de interconexión de las tres plantas desaladoras de Ibiza y los ramales y depósitos para llevar agua hasta Sant Josep y Sant Joan.
Dentro de esos pequeños pasos que se han dado este año para que la distribución de agua en buena parte de la isla no dependa de unos pozos salinizados tras la sobreexplotación a la que han sido sometidos durante las últimas décadas, se encuentra la desconexión de la desaladora portátil de ses Eres y el aporte de agua desalada a Sant Jordi y sa Carroca. El 20 de septiembre se detuvo el funcionamiento de esa planta, que según el alcalde era el símbolo «de la mala gestión del agua en el municipio», un «sistema perverso» que había destrozado el acuífero de la zona. Sant Josep, además, llevó a cabo la mejora de su porosa red, lo que ha permitido evitar la fuga de 1.400 toneladas de agua al día.
Entre esas mejoras y la puesta en práctica del decreto de sequía, los acuíferos soportaron mejor este seco verano. Para reducir los efectos de esa extrema escasez, el Govern permitió a los ayuntamientos que se abastecieran durante el invierno con más agua desalada, lo que redundó en el ahorro de 400.000 metros cúbicos de la que procedía de los pozos. Se suministró más agua desalada (52%) que de pozos (48%), porcentaje invertido respecto al año 2015.
