1. "Zonificación":

Cada Consell y el Ayuntamiento de Palma definirán en qué zonas se puede alquilar a turistas

Ya hay palabra para la polémica de los próximos años: es "zonificación" y define el proceso por el que los Consells Insulars y el Ayuntamiento de Palma definen en qué zonas de cada territorio se pueden alquilar las viviendas a turistas y en cuales no. Podrán así decidir que haya áreas reservadas a los residentes, vetando el uso turístico. Y también podrán determinar el número de plazas para turistas dentro de cada zona.

2. Alojamientos limitados:

El alquiler y los hoteles tendrán un mismo límite: se definirá un nuevo techo de plazas

Desde 1998 rige el actual techo de plazas, que determina el número máximo de camas de hotel, apartamento, agroturismo y demás que puede haber en cada isla. Ahora a ese techo se incorpora la oferta de alquiler en pisos de edificios plurifamiliares, con lo que ese es ya un primer límite claro: no toda la oferta podrá legalizarse, toda vez que hay más de 100.000 plazas ilegales de alquiler y quedan unas 45.000 para rebasar el techo vigente.

3. Coste:

Quien quiera alquilar debe comprar las plazas en una bolsa y pagar el precio que fije cada Consell

Cada isla tendrá una bolsa de plazas, tanto para hoteles como para el alquiler vacacional. Quien desee lograr una autorización para alquilar, debe adquirir las plazas (válidas cinco años) y pagar el precio que fije cada Consell (hoy cada plaza cuesta unos 4.000 €). Hay que comprar tres por un piso de una habitación y dos más por cada estancia adicional. Como máximo se pueden pedir las plazas que dicta la cédula de habitabilidad.

4. Control en internet:

AirBNB y el resto de webs turísticas solo podrán anunciar los pisos autorizados por Turismo

Es una medida que se empieza a extender por todo el mundo: AirBNB y compañía solo podrán anunciar los pisos que estén inscritos en el registro de viviendas turísticas y, por tanto, cumplan la normativa vigente. De este modo se pretende involucrar a las webs en el control de la barra libre actual, que hace que en Balears esté prohibido alquilar en pisos en edificios plurifamiliares y aún así haya 30.000 anuncios de turismo ilegal en Internet.

5. Sanciones:

Las páginas web y los propietarios se exponen a multas de entre 20.000 y 40.000 euros

Hoy la sanción para quien alquila ilegalmente su piso a turistas es de entre 4.000 y 40.000 euros. Desde el verano que viene, cuando la reforma entre en vigor, la multa mínima será de 20.000€. Y se podrá aplicar tanto al propietario infractor como a la web que colabore con él, exhibiendo por ejemplo un piso para alquiler turístico que no conste en los registros oficiales de Turismo. El Govern además va a reforzar la plantilla de la inspección.

6. Convivencia:

Las comunidades de vecinos tendrán la opción de vetar el alquiler a turistas en el edificio

Si los estatutos de la comunidad de vecinos prohíben el alquiler turístico, no se podrá hacer. Si no dicen nada, las comunidades deberán aprobar por mayoría una autorización expresa del arrendamiento vacacional en la finca: las batallas de escalera están servidas. Además, para garantizar la buena convivencia, si un turista altera el orden, el comercializador del alquiler deberá encargarse de exigirle que se marche antes de 24 horas.

7. Suelo rústico:

Queda prohibido el arrendamiento de viviendas que carezcan de cédula de habitabilidad

Si la vivienda se ha construido ilegalmente o carece de la pertinente cédula de habitabilidad, no podrá acceder al mercado del alquiler turístico. El Govern también da a los Consells Insulars la potestad de establecer una protección aún mayor en caso de fincas de suelo rústico. Se pretende acabar con la construcción de viviendas de forma ilegal, que en muchos casos se están usando para su explotación turística en estos años de boom.

8. Especulación:

No se permite alquiler turístico en construcciones de menos de 10 años y pisos de protección oficial

Para facilitar el acceso de los residentes a la vivienda, limitar la especulación inmobiliaria y acabar con la promoción de pisos en zona residencial para su explotación turística, la reforma legal que ahora plantea el Govern del Pacto prohíbe el arrendamiento a viajeros de viviendas de protección oficial. Con el mismo objetivo, se ilegaliza la actividad turística en pisos y casas residenciales de menos de 10 años de antigüedad.

9. Intrusismo:

La reforma ilegaliza el alquiler por habitaciones de pisos residenciales

No vale convertir un piso de cuatro habitaciones en un pequeño hotel para turistas. O eso plantea el anteproyecto de ley turística del Govern balear, que desactiva así el intrusismo que denuncian los hoteleros. Del mismo modo, se establecen exigencias laborales y fiscales que eliminan la competencia desleal, al establecer para el alquiler obligaciones similares a las que afrontan los hoteles.

10. Calidad:

Los pisos deben tener seguro, dar atención telefónica las 24 horas y garantizar la limpieza

Si se quiere hacer negocio con el turismo, hay que dar un servicio de calidad, al nivel que exigen unos destinos baleares que han invertido miles de millones en mejorar su oferta turística. Eso implica que quien se dedique al alquiler turístico debe limpiar antes de la llegada de nuevos huéspedes, tener atención telefónica las 24 horas, ofrecer enseres básicos y ropa de cama o cumplir la normativa contra las barreras arquitectónicas.