El conseller balear de Territorio, Marc Pons, se alineó ayer con el equipo de gobierno del Consell de Ibiza en su reivindicación de una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que saque de su ámbito los contratos de menos de un mes de duración. Marc Pons está de acuerdo en que «no tiene demasiado sentido pensar que un alquiler de dos o tres semanas es un arrendamiento que va por la vía de la LAU» y cree que debería ser una normativa autonómica la que regule estos arrendamientos.

Así, como en la moción que se aprobó en pleno de la máxima institución ibicenca, el conseller balear considera que la normativa estatal «no recoge una realidad que existe», en relación a los alquileres turísticos, y por ello hay que «pedir que se cambie».

Pons comentó en Ibiza, tras presentar el proyecto básico de la UA-27, que en este trimestre se iniciará la tramitación de la ley balear de la Vivienda, cuyo borrador «está muy avanzado». De hecho, señaló que se le están dando los «últimos retoques» con las aportaciones del resto de grupos que dan apoyo al Govern.

De hecho, en Palma, el titular de Turismo y vicepresidente del Govern, Biel Barceló, hiló mucho más fino ayer, tras un encuentro con la patronal de los alquileres vacacionales, al asegurar que espera presentar el borrador antes de que acabe el mes. Barceló también indicó que la normativa tendrá en cuenta las especificidades de cada isla, y usó una frase muy gráfica para ilustrar lo espinoso de este asunto en las Pitiusas. «Si autorizamos sin más el alquiler turístico en Ibiza, no nos vuelven a dejar entrar en la isla».

El vicepresidente del Govern es consciente de la inquietud del sector hotelero y tiene claro que el arrendamiento turístico es una cuestión de tal impacto social que cada consell debe decidir lo que quiere para sí. Por eso la regularización que ofrece sería provisional, a expensas de esa norma.

También por eso el borrador de reforma que presentará el Govern incluye una salvedad: se podrá regularizar todo tipo de alquiler vacacional que cumpla los requisitos de calidad y no exceda de ese cupo de 43.000 plazas disponibles en la bolsa turística vigente desde 1999, pero cada isla tendrá herramientas para definir qué modelo de explotación y convivencia turística desea.

Aunque la batalla se librará fuera de Balears. Cierto es que los consells y los ayuntamientos detentan las competencias sobre urbanismo, por lo que podrán decidir cómo se usa cada zona, pero no menos cierto es que la discriminación del alquiler turístico por pueblos, islas o barrios entra en conflicto con la legislación comunitaria.

Y habrá lío: el presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Balears Aptur, Juan Estarellas, explica que si los gobiernos insulares optan por «zonificar», es decir, prohibir el alquiler turístico en algunas zonas y autorizarlo en otras, llevarán la decisión a los tribunales, como ya se ha hecho con la misma maniobra decretada en Canarias.