­ El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, se reunirá el próximo 6 de septiembre con el jefe de la Demarcación de Costas en Balears, Gabriel Juan Pastor Mesana, para analizar con él «las concesiones que ha otorgado directamente a privados en diversas zonas del litoral del municipio y los abusos que se cometen en ellas», según explicaron desde el gabinete de la alcaldía. Además, Marí pedirá «que se considere la rescisión» de las concesiones más polémicas, como la dada a un magnate a los pies de su mansión en Platges de Comte y que está siendo objeto de numerosas denuncias por parte de quienes han intentado acceder por la línea del dominio público de Costas y se han topado con la actitud hostil de los guardias de seguridad.

El principal edil de Sant Josep desea saber «el estado, la legalidad y la idoneidad de esas concesiones», especialmente en casos como el de Platges de Comte, donde el propio Consistorio considera «que hay una usurpación y privatización del espacio», indicaron desde alcaldía. Marí, no obstante, sabe que «no puede exigir» nada, pues esa no es competencia del Ayuntamiento, «pero sí puede pedir aclaraciones y explicaciones sobre el tipo de uso» que se está dando.

Precisamente, el alcalde conoció de primera mano el caso de Platges de Comte hace un año, el 17 de julio de 2015, cuando acababa de tomar posesión del cargo. Fue allí de la mano y a petición de Miguel Vericad, que acababa de ser nombrado conseller ibicenco de Medio Ambiente y deseaba que el alcalde supiera in situ lo que allí ocurría. Les acompañaba un agente de la Policía Local, que acudió de paisano y dejó constancia de lo que pasó, pero no por la comisión de una infracción: «Levantó acta de la existencia de los elementos que había en la plataforma, que enviamos a Costas junto a los permisos que presentó la propiedad», detallaron ayer desde alcaldía. La Demarcación no ha contestado desde entonces.

Vericad quería mostrar al alcalde «el abuso que se cometía en esa parte de la costa». Al acercarse a la enorme vivienda construida junto al acantilado les salió un guardia de seguridad que les pidió que se detuvieran y esperaran un momento para avisar a otro agente de que iban a pasar, según alcaldía. Pero antes de que les autorizaran, Vericad decidió entrar, según la versión de la misma fuente, que añade que quien estaba encargado de la seguridad no les impidió entonces el paso «ni fue maleducado».

Sin ningún tipo de obstáculos desde ese momento, accedieron entonces a la plataforma construida junto al mar, una tarima donde vieron lo que Vericad había denunciado: hamacas, piraguas y un uso privado de ese espacio. El policía, que se identificó entonces, levantó acta de la inspección y además pidió a la persona de seguridad y a la que estaba a la entrada la documentación que acreditara la legalidad de esa construcción.

No presentaron en ese mismo instante esa documentación, sino con posterioridad y por medio de la abogada del propietario de la vivienda: «Se trata -señalan desde el Ayuntamiento- de una concesión de la Demarcación de Costas para una serie de elementos que se tramitó en el año 2014. Tiene validez desde el pasado 1 enero de 2015 hasta finales de 2018».

Desde la alcaldía creen que «si hay un mal uso o una privatización de una concesión de Costas, es ese departamento del Ministerio de Medio Ambiente el que la ha de revocar. El Ayuntamiento no tiene competencia».

También insisten en que, al contrario de lo que afirma Vericad, aquel día «no hubo ningún altercado». Si hubiera habido «algún tipo de violencia física o verbal, el policía lo habría incluido en un acta», indican. En caso de agresión o coacción, habrían denunciado el caso ante la Guardia Civil, dicen, algo que sugieren que hagan quienes afirman que han sido amenazados en ese tramo del litoral. De momento, envían a la Guardia Civil y a Costas las denuncias sobre casos similares que llegan al Consistorio.