El presidente del Consell, Vicent Torres, se comprometió a garantizar la participación del PP en la revisión del Plan Territorial Insular (PTI), que se someterá a una consulta ciudadana. En respuesta a una interpelación presentada por el PP, Torres eludió, no obstante, aclarar si el uso de vivienda estará permitido en suelo rústico.
El portavoz del PP, Mariano Juan, relató «las contradicciones» en que han incurrido el PSOE y Podemos-Guanyem en los últimos meses a la hora de abordar el alcance de la revisión de la norma territorial. Los podemistas han manifestado en varias ocasiones su intención de que se aplique el «crecimiento cero» en suelo rústico porque así lo prevé el acuerdo de gobierno pactado, mientras que los socialistas sí dejan abierta la posibilidad a la construcción de viviendas, aunque ligadas a la explotación agraria de la finca. Al ser preguntado sobre cuáles serán los usos impropios en suelo rústico y si el de vivienda será uno de ellos, Torres se refirió solo a los agroturismos y hoteles rurales. En este sentido, el presidente dijo que esta actividad podría ser «un uso propio» (dar «un beneficio a la gente del campo»), pero que el PP lo echó a perder al reformar la ley que regula estos negocios y abrir la puerta a proyectos impactantes.
Torres también afirmó estar en contra de la amnistía urbanística que hace unos meses el Govern balear dejó en suspenso, aunque sí dijo que hay que buscar una solución para «legalizar» los núcleos rurales, siempre y cuando no se permita que puedan crecer.
Asimismo, el presidente aclaró que la revisión de los límites de las áreas de especial conservación (ANEI y ARIP) no implicará la reducción del grado de protección del paisaje, sino que se aumentará «la precisión técnica» de la superficie «real» de estas zonas, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de que se cree «una figura intermedia» a las ya existentes.
El presidente echó en cara al PP que pretenda, según dijo, crear «alarma». «La situación de alarma la padece el territorio. No podemos continuar con planes especulativos, que benefician a pocos y deterioran la sensación de paraíso que tienen los residentes y turistas». El Consell ha encargado un estudio para analizar la situación actual tras la aplicación durante 11 años del PTI para, luego, hacer una propuesta de revisión «restrictiva».
Otras cuestiones del pleno
Morosidad de la institución. El Consell tarda 108 días en el pago de facturas a proveedores
Durante el primer trimestre de este año, el Consell ha pagado con una media de 108 días las facturas pendientes de sus proveedores, fuera del plazo que marca la ley de 30 días. Dentro del periodo legal se han llevado a cabo solo dos operaciones por importe de 482 euros, mientras que 246 por un montante de 880.876 euros superan el plazo que marca la ley. El conseller Gonzalo Juan admite que ya estaba previsto que «no fuera bien» por la implantación de la firma electrónica.
Infraestructuras educativas. Unanimidad para pedir obras de mantenimiento de centros
El equipo de gobierno accedió a votar a favor de una propuesta del PP para instar al Govern a que ejecute con «carácter de urgencia» las obras de mantenimiento y mejora de algunos centros previstas la pasada legislatura, como la cubierta del instituto de Sant Agustí y otras actuaciones en la Escola d´Art y el colegio de Sant Ciriac, pese a justificar que la conselleria balear de Educación ya está trabajando en la ejecución de estos proyectos.
Alquiler pisos turísticos. El presidente se compromete a defender el acuerdo del pleno
El presidente, Vicent Torres, se comprometió a «defender» el acuerdo del anterior pleno de marzo contrario al alquiler de pisos para uso turístico (se aprobó con los votos del PP y Podemos-Guanyem), aunque señaló que, en el caso de que el Parlament balear apruebe la regularización de esta práctica, reivindicará, tal como preveía la moción, recordó, que se adopten «las medidas más restrictivas» y que el Consell y los ayuntamientos «tengan la última palabra».
Futuro albergue de es Gorg. Mancomunidad de los municipios para ejecutar las obras del centro
La consellera de Servicios Sociales, Lydia Jurado, explicó, en respuesta a una pregunta del PP, que los ayuntamientos han escogido la fórmula de la mancomunidad para ejecutar las obras del centro de baja exigencia de es Gorg (el nuevo albergue). La semana que viene se convocará una reunión con los municipios para tratar de cerrar la tramitación administrativa para que el Consell, dijo, pueda hacer «la transferencia de capital y se empiece a desarrollar el proyecto».
Declaración institucional. Solidaridad con los afectados por el terremoto del Ecuador
El Consell aprobó una declaración institucional de solidaridad y apoyo a las víctimas del terremoto ocurrido en Ecuador el pasado 16 de abril. El pleno manifestó su voluntad de «ayudar» a los ciudadanos afectados por el seísmo, tanto en lo que concierne a «sus necesidades más inmediatas como en el proceso de recuperación de las zonas afectadas». También hace un llamamiento a la sociedad ibicenca para que participe en iniciativas solidarias con Ecuador.
