Una comisión formada por políticos del Govern y los consells, e integrada por empresarios, ecologistas y sindicatos, decidirá el uso de los 100 millones de euros que está previsto recaudar con la ecotasa. Según prevé el texto original, esta cantidad podrá servir para inversiones tan variopintas como el patrimonio histórico, la cultura, la investigación, la innovación, la calidad en el empleo, el medio ambiente y el turismo. En la versión más reciente del texto, sin embargo, también se contempla la «modernización agroforestal».

El presidente de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif), Juanjo Riera, renovó ayer sus críticas a este tributo al afirmar que «alentará la oferta ilegal», puesto que «solo lo pagará la oferta reglada, mientras que la ilegal no lo pagará». «Los únicos primos que pagaremos seremos los que lo tenemos todo en regla», añadió el dirigente hotelero, quien volvió a lamentar que tampoco vayan a abonar el impuesto los turistas de yates, mansiones en el campo y otras residencias de vacaciones, pese que a menudo son los de mayor poder adquisitivo.

También afirmó que para los hoteleros constituye una molestia añadida tener que actuar como cobradores de este gravamen «con todo el trabajo que hay en verano».

Asimismo, recordó que a menudo los paquetes turísticos, alojamiento incluido, se contratan en el propio país de origen, lo cual «complica la situación» a la hora de cobrar el impuesto.

El Govern balear ha ultimado ya el texto, después de haber incorporado algunas peticiones de los hoteleros de Balears, como empezar a cobrar a partir del 1 de julio, y no del 1 de mayo.