El celador de obras de Sant Antoni que está siendo investigado por un presunto cobro de sobornos a cambio de no dar parte de supuestas infracciones urbanísticas quedó ayer en libertad tras depositar una fianza de 8.000 euros y con la obligación de comparecer dos veces al mes ante el juez que ha asumido el caso, José Espinosa, titular de la sala de Instrucción número 2 de Eivissa. El magistrado le imputa los supuestos delitos de cohecho y contra la ordenación del territorio, en este caso como cooperador necesario.
Además, Pedro A. está obligado a comunicar cualquier cambio de domicilio y tiene prohibido salir del país bajo ningún concepto. El juez Espinosa adoptó esta resolución después de tomarle nuevamente declaración. El celador permanecía en prisión desde su arresto, hace dos semanas, y fue trasladado a los Juzgados a primera hora de la mañana para testificar. Según trascendió, Pedro A. se ratificó en su primera declaración ante el juez de guardia, Juan Carlos Torres -que entonces ordenó su reclusión provisional-, cuyo contenido no ha trascendido ya que Espinosa mantiene el secreto de sumario que decretó Torres.
Pedro A. tuvo que esperar hasta las 14,30 horas para abandonar los Juzgados, después de que el magistrado firmara el auto de prisión provisional eludible bajo fianza. Inicialmente, el fiscal solicitó que se fijara un depósito de 10.000 euros, aunque se rebajó a petición del celador, cuya representación legal proponía que fuera de 7.000 euros.
Suspensión temporal
El Ayuntamiento de Sant Antoni aprobará mañana en comisión el escrito por el que solicitarán al juzgado de Instrucción número 2 que admita su personación en la instrucción del presunto cobro de sobornos en su gabinete urbanístico.
El teniente de alcalde de la localidad, Joan Pantaleoni, explicó que se ha informado a la oposición municipal de la intención del equipo de gobierno y «están de acuerdo» en que la Corporación se persone en la causa por los perjuicios que pueden haber sufrido sus arcas y desvelar los delitos urbanísticos que habría encubierto el celador -actualmente suspendido de empleo y sueldo- con sus actividades presuntamente ilícitas.
El teniente de alcalde detalló asimismo que la situación de suspensión no puede ser indefinida, sino que se tendrá que revisar o ratificar transcurridos seis meses. Después se actuaría «en función del estado procesal del caso». En todo caso, el Ayuntamiento estará a merced de la decisión del juez ya que «no se podría mantener suspendido a este empleado por una actividad presuntamente ilegal si la Justicia dice que no ha habido delito».
A pesar de que el Consistorio anunció la apertura de un expediente para esclarecer las supuestas irregularidades del celador, este expediente se paralizará mientras se resuelve la instrucción judicial del caso. La vía administrativa se reabrirá una vez que concluya la investigación.
Al parecer, el celador habría percibido distintas cantidades por ocultar algunas infracciones urbanísticas, según figura en el informe del supervisor del celador que alertó al equipo de gobierno los hechos.
Hay que recordar que el caso se destapó tras una denuncia del Ayuntamiento de Sant Antoni a la Fiscalía.
El trabajo del supervisor
La Corporación fue puesta en conocimiento del presunto cobro de sobornos por el supervisor del celador. Al parecer, este superior visitó algunas de las obras que supuestamente debía vigilar Pedro A. y comprobó la existencia de irregularidades urbanísticas que éste habría ocultado. En concreto, según el informe elaborado por su superior, el celador podría haber aceptado como mínimo cinco o seis sobornos a cambio de que silenciara las irregularidades urbanísticas en esas obras.
El informe asegura que los promotores confesaron haber realizado pagos al celador, de lo que se podrían derivar responsabilidades ya que el nuevo Código Penal persigue los sobornos; además, pueden haber cometido un delito contra la ordenación del territorio en algún caso. Espinosa todavía no ha tomado declaración a ninguno de ellos.
