El Ayuntamiento de Ibiza permitirá que los empresarios y autónomos que tengan deudas con la Administración puedan acceder a las ayudas, por valor de 1,9 millones, que se prevén ofrecer para compensar en parte la caída de la actividad por culpa de la crisis sanitaria. Se trata de las ayudas que financian conjuntamente el Govern balear, el Consell y los ayuntamientos. El pleno del Consistorio aprobó ayer, a propuesta del grupo del PP, eliminar, en las convocatorias de subvenciones por la pandemia, el requisito de que los solicitantes no debe tener ningún pago pendiente con las instituciones pública: el Estado, el Govern balear y el Ayuntamiento.
El PP también pedía que en el caso de que el empresario que solicita una ayuda tenga una deuda municipal, ésta se compense con la misma subvención. El equipo de gobierno rechazó este punto, que no fue aprobado, después de que la concejala de Hacienda, Estefanía Torres, remarcara que era este punto era «contradictorio» con el primero y, además, no afectaría a la deuda con otras administraciones, sólo con el Ayuntamiento. En todo caso, la edil señaló que «se hará lo que marca la legislación», aunque no concretó más.
Torres destacó que, hasta el miércoles, «el Consell obligaba a los ayuntamientos» a introducir en las bases de convocatoria de las ayudas la obligación de no tener deudas pendientes con las administraciones (cuyo aplazamiento no haya sido aprobado) y que, de hecho, Santa Eulària así lo ha hecho. La edil indicó que el Ayuntamiento no quería hacerlo al amparo de un informe de a Intervención General del Estado que lo avala en «casos justificados». De todos modos, Torres reconoció que el Consell ya ha dado marcha atrás y permite a cada ayuntamiento hacer «lo que le parezca».
El equipo de gobierno rechazó otra propuesta del PP para poner en marcha unos bonos de descuento entre junio y septiembre, con un presupuesto de 4,2 millones, para incentivar el comercio interno y la actividad económica de la ciudad. En concreto, la propuesta de los populares se basaba en cinco categorías: comercio (1,1 millones), establecimientos turísticos (700.000 euros), hostelería (1,6 millones), deportes (350.000 euros) y cultura (250.000 euros), según la concejala del PP Estefanía Guasch, que recordó que «la situación cada día es más insostenible» y «las perspectivas de la temporada no son buenas».
Ruiz destacó que actualmente el Consistorio «da subvenciones como nunca se había hecho antes»
La concejala de Comercio, Dessiré Ruiz, recordó que el Ayuntamiento ya ha participado en la campaña de descuentos impulsada por el Consell ‘Som comerç’ y lamentó que el PP, en la comisión previa al pleno, se negó a negociar alternativas a su propuesta. «Lo han hecho para buscar nuestro voto en contra, porque sólo buscan las apariencias», criticó.
Ruiz destacó que actualmente el Consistorio «da subvenciones como nunca se había hecho antes» y puso, como ejemplo, que cada mes destina 70.000 euros en ayudas directas en alimentos. La edil de Comercio indicó que el equipo de gobierno pondrá en marcha una iniciativa de este tipo, aunque no dio ningún detalle sobre la misma, pero no se hará hasta que, primero, se entreguen las ayudas de la convocatoria de 1,9 millones pendiente para pequeños empresarios y autónomos afectados por la crisis sanitaria.
Denegada por «inviable» la propuesta de Cs de crear un pasaporte sanitario para acceder a comercios y servicios
Además, el equipo de gobierno rechazó la propuesta de Ciudadanos de «estudiar» la posibilidad de poner en marcha en Vila un pasaporte sanitario para acceder a los comercios y servicios que ofrece la ciudad. Los ciudadanos estarían obligados a mostrar un papel o código QR con el resultado de un test negativo de antígenos que se debería haber hecho como máximo tres días antes.
Pago de festivos de la Policía
El primer teniente de alcalde, Aitor Morrás, destacó «la buena voluntad» de Cs, pero dijo que la propuesta es «inviable» porque se deberían hacer «pruebas cada tres días a 50.000 residentes de Vila y a 30.000-40.000 residentes de otros municipios que a diario pasan por la ciudad, además de los turistas», lo cual, subrayó es «inabarcable».
Por otro lado, el pleno aprobó, con la abstención de PP y Cs, la revisión de precios de la contrata del servicio de iluminación pública (Citelum Ibérica), que empezó en agosto de 2009, y que supone la liquidación de algo más de un millón de euros en favor del Ayuntamiento. Además, se aprobó un reconocimiento extrajudicial de deuda de 68.250 euros para pagar los festivos trabajados en 2020 por los policías locales que optaron por cobrarlos en vez de compensarlos con días de descanso.
