Sa Unió eleva al pleno la propuesta para quitar competencias al presidente del Consell de Formentera

El grupo conservador de Sa Unió, que ganó las elecciones en Formentera con el independiente Llorenç Córdoba como candidato, presenta este jueves en el pleno del Consell una propuesta para redistribuir las competencias que tiene precisamente el presidente, especialmente desde que cesó al conseller del PP, José Manuel Alcaraz, del área de Promoción Económica y Administración Insular.

Además, y en su lucha por quitarle representatividad a su exlíder, Sa Unió presentará otra propuesta para sustituir a Córdoba por la vicepresidenta primera, Verónica Castelló, en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria (APB).

Sa Unió intenta quitar poder y representatividad a Llorenç Córdoba

Esta sesión plenaria ordinaria del mes de mayo promete ser intensa y larga a tenor de los puntos del orden del día y de los temas que van a abordar los consellers.

Más allá de las luchas políticas, GxF eleva una batería de propuestas entre la que destaca la que pide un pronunciamiento del pleno del Consell para oponerse a una eventual ampliación del puerto de la Savina.

Los socialistas propondrán que la isla sea declarada zona tensionada respecto a la vivienda. En concreto, solicitan que «el Govern balear declare la totalidad de Formentera como zona de mercado residencial tensado, tal y como permite la Ley estatal de 24 de mayo por el Derecho a la Vivienda».

Los socialistas señalan que «la situación crítica» que vive la Comunitat Autònoma, y más especialmente Formentera, requiere «impulsar políticas que mejoren la vida de sus ciudadanos y aplicar todas aquellas que, viniendo de administraciones superiores, puedan serle de ayuda». Un claro ejemplo, remarcan los socialistas, es «la medida impulsada desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que creen que ayudará a regular el precio de los alquileres en la isla, puesto que marcará el límite de renta máxima a exigir en los nuevos contratos de alquiler, de forma obligatoria, siempre que se den dos situaciones: cuando el arrendador sea un gran tenedor y cuando se trate de un nuevo contrato de alquiler de una vivienda que no haya sido arrendada en los últimos cinco años».