Leo Stöber, empresario radicado en Formentera y propietario del complejo turístico de Punta Prima, reconoció ayer a Diario de Ibiza que actúa contra el Consell de Formentera «por indignación» y especialmente «contra el expresidente, Jaume Ferrer», al sentirse engañado respecto a las expectativas que tenía para duplicar las plazas de su establecimiento hotelero. Por este motivo tiene abiertas varias vías judiciales, desde hace décadas, contra los consellers de GxF que, según él, impidieron, entre 2007 y 2015, el desarrollo de su proyecto y que ahora son también acusados por la Fiscalía de un presunto delito de desobediencia.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza ha decretado la apertura de juicio oral y ha pedido una fianza de ocho millones de euros para garantizar la responsabilidad civil por el supuesto delito de malversación de caudales públicos que solo sostiene la acusación de Stöber respecto a la ejecución del convenio de carreteras firmado con el Ministerio de Fomento que permitió la creación de los viales de circunvalación de es Pujols y Sant Ferran, entre otros.
El demandante considera que ese convenio se ha incumplido, aunque la realidad es que esos viales están hechos desde hace años y fueron financiados y certificados por el Ministerio de Fomento dentro del Convenio de Carreteras con todas la garantías legales.
Stöber manifestó ayer: «Hay un agravio comparativo que, desde mi humilde punto de vista, tiene carácter penal y por eso he recurrido a esa jurisdicción. Con ello lo que quiero no es defender mis asuntos sino demostrar que he sido víctima de unos incumplimientos clarísimos cuando otros se han beneficiado con dinero público e incumpliendo sentencias; incluso la Fiscalía admite la desobediencia, luego algo debe haber» manifestó.
Los pleitos de Leo Stöber contra la administración local se remontan a los años noventa
El empresario añade que actúa como un ciudadano que defiende sus intereses: «No soy amigo ni del fiscal ni del juez, solo tengo, como abogado que soy, cierta experiencia en penal». Para el denunciante, el hecho de que se hayan admitido a trámite sus querellas «es muy grave... Luego les absolverán o no, pero de momento es gravísimo».
Recordó que mantiene activas varias vías judiciales contra los consellers de GxF que, según entiende, impidieron el desarrollo urbanístico de su propiedad y en cambio permitieron determinadas actuaciones que considera que vulneran la ley. De esta acusación particular es de la que se deriva la fianza de ocho millones que se pide a los cuatro acusado y que deberá ser concretada en una audiencia que fije la jueza.
La Fiscalía
Por su parte la Fiscalía ha considerado que Jaume Ferrer y Bartomeu Escandell han podido cometer, presuntamente, un delito de desobediencia por no haber ejecutado o por lo menos haber demorado en el tiempo el cumplimiento de una sentencia de TSJB de 2009 que ordenó la demolición del Centro Comercial Plaça Sant Ferran, conocido como Ca ses Castellones, que finalmente fue derribado en 2012.
La defensa
El abogado defensor de los exconsellers de GxF, Fernando Mateas, manifestó que las acusaciones, tanto del ministerio público como de Stöber, «no tienen la más mínima base posible».
El letrado entiende que la acusación del ministerio público no tiene sentido «porque la sentencia que obliga a derribar Ca ses Castellones está ejecutada y lo que el Consell intentó, en esos tres años, fue evitar una reclamación patrimonial que ha costado casi dos millones de euros a los formenterenses y que están pagados».
Respecto al delito de malversación de la acusación particular, señaló: «Me extraña que la Administración malversara y que el Ministerio de Fomento haya certitificado hasta el último pago las obras a través de la comisión de seguimiento».
La presidenta descarta la salidadel Consell de Bartomeu Escandell
La notificación del juzgado aún no ha llegado de forma oficial a los acusados. La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, reconoció ayer que la posibilidad de que el conseller de Hacienda, Bartomeu Escandell, salga del equipo de gobierno «no está sobre la mesa». Escandell es uno de los afectados por la apertura de un juicio oral por supuestos delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos en el caso de Ca ses Castellones.
Juan afirmó que, como institución, no han recibido ninguna comunicación oficial «de nada» sobre la apertura de juicio oral contra varios miembros de Gent per Formentera (GxF), entre ellos el expresidente insular Jaume Ferrer y ha deseado se resuelva «lo antes posible y de la mejor manera».
El abogado de la defensa confirmó a este diario que los acusados no habían recibido aún las notificaciones personales.
En declaraciones a los medios, Ana Juan explicó que había hablado con su compañero de equipo de gobierno, el actual conseller de Hacienda, Bartomeu Escandell. Sobre la posibilidad de que el Consell abone parte de la fianza impuesta, ocho millones de euros, reiteró que, por el momento, no tienen ninguna notificación oficial respecto: «En el momento en que tengamos alguna notificación, tomaremos las decisiones».
