El expresidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, y sus exconsellers Bartomeu Escandell -actual responsable de Economía y Hacienda-, Sonia Cardona y Josep Mayans, tienen que hacer frente a una fianza de 8.027.999 euros por los supuestos delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos en el caso de Ca ses Castellones. La Fiscalía les acusa de un presunto delito de desobediencia por no haber ejecutado la sentencia de demolición del Centro Comercial Plaça Sant Ferran del 2009, a pesar de que fue derruido en 2012.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza ha dictado un auto de apertura de juicio oral, contra estos miembros de Gent per Formentera (GxF) tras una denuncia interpuesta por el empresario Leo Stöber y la empresa Sunway S.L., titular del complejo turístico de Punta Prima.
El ministerio público reclama el sobreseimiento para Sonia Cardona y Josep Mayans al no haber quedado «acreditada su participación en los hechos». Pero considera que Jaume Ferrer y Bartomeu Escandell habrían podido cometer un delito de desobediencia, por lo que pide para cada uno de ellos una «pena de 18 meses de multa a una cuota diaria de 15 euros (...) e inhabilitación especial para cargo público durante 24 meses».
Fiscalía sostiene que hay desobediencia porque continúa "sin ejecutarse la sentencia y las obras siguen en pie"
La demolición del Centro Comercial Sant Ferran se ejecutó en noviembre de 2012 y actualmente el solar está vacío y sin la casa payesa, que fue demolida previamente.
Sin embargo, el escrito de acusación considera que la Administración insular «intentó evitar la demolición redelimitando el ámbito de los tres conjuntos históricos de Formentera y sus entornos de protección, con lo que el conjunto histórico de Sant Ferran ya no incluiría la zona comercial».
La Fiscalía detalla que las actuaciones del procedimiento estuvieron paralizadas desde 2016 hasta 2017, hasta la designación definitiva de un perito, que se sumó a la interrupción del proceso provocada por el incendio registrado en el edificio judicial de Ibiza en 2010.
La acusación particular solicita ahora un «impulso procesal» a la causa «al haber acontecido también» la crisis sanitaria provocada por el covid desde mediados de marzo de 2020, señala la Fiscalía. En su caso, acusa a los políticos de los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
En el auto de apertura de juicio oral, la magistrada emplaza a los acusados a una audiencia para depositar la fianza y advierte de que, en caso de no hacerlo, se les embargarán bienes por la cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.
El apoyo del partido
Gent per Formentera (GxF) emitió a última hora de ayer un comunicado de apoyo a sus compañeros de partido, a los que consideran «víctimas de la instrumentalización de la justicia por parte del empresario Leo Stöber».
Lo paradójico es que el ministerio público señale en su escrito de acusación, fechado el pasado 29 de noviembre, que «a día de hoy sigue sin ejecutarse la sentencia y las obras siguen en pie sin haber sido la realidad repuesta al estado originario exigido por la sentencia del 2009».
GxF recuerda: «Esta afirmación se refiere a los tres edificios construidos en el solar de Ca ses Castellones por una licencia otorgada durante el período de gobierno del PP, GIF y PREF (2003-2005), que fue declarada nula en el año 2009 por medio de la sentencia del TSJB que ordenó la demolición de las obras realizadas».
GxF apoya a los acusados, a los que considera "víctimas de la instrumentalización de la Justicia por parte de Leo Stöber"
En su nota de prensa, GxF recuerda que esta «no es la única causa en la que el empresario [Leo Stöber] trata de desacreditar la labor política de nuestra formación y presionar con la intención de obtener sus pretensiones urbanísticas». «Confiamos en que la Justicia, como en otros procedimientos instados por Leo Stöber, ratifique la legalidad de las actuaciones llevadas por los consellers en defensa del interés general», concluye la nota de este partido.
